Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley para prohibir concentraciones antiaborto en un perímetro de 200 metros alrededor de las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo. El partido quiere modificar el artículo 172 quarter del Código Penal para ampliar el delito de acoso cerca de estos centros sanitarios.
La iniciativa prohíbe expresamente «la realización de concentraciones, manifestaciones, actos de presencia organizada u espontáneas, vigilias, expresiones colectivas o individuales, o cualquier otra conducta de análoga naturaleza» dentro del perímetro de seguridad. El texto legal especifica que la prohibición aplica «con independencia de su carácter pacífico o de su motivación ideológica, religiosa o moral».
Consecuencias legales
El proyecto de ley mantiene la pena de prisión actual de tres meses a un año para el delito de acoso. Introduce una novedad importante: los tribunales podrán imponer prohibiciones de acercamiento a lugares específicos e incluso a «entornos digitales» para evitar reincidencias y proteger la libertad, intimidad y seguridad de las personas afectadas.
La propuesta establece una presunción legal: si las conductas prohibidas ocurren dentro del perímetro de 200 metros, los elementos del delito «se presumirá, salvo prueba en contrario, que concurren». Esto elimina la necesidad de probar un «acto de acoso individualizado».
Defensa constitucional
Sumar defiende que la medida no elimina la libertad de expresión ni el derecho de reunión. Según el partido, se trata de «una modulación legítima de su ejercicio en atención a la concurrencia de otros derechos fundamentales de igual o superior rango».
La formación argumenta que la creación de zonas protegidas alrededor de las clínicas «responde a una finalidad constitucionalmente legítima: salvaguardar la libertad, la intimidad y la dignidad de las mujeres frente a injerencias que, aunque formalmente expresivas, resultan materialmente coactivas».
El texto cita la doctrina constitucional, que afirma que los derechos fundamentales no son absolutos y pueden limitarse de forma proporcionada cuando sea necesario para proteger derechos de terceros o bienes constitucionalmente relevantes. Sumar considera el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental que debe garantizarse en un entorno «libre de coacciones».
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
