El marido de Salwa, una mujer refugiada asesinada en Logroño en julio de 2023, ha aceptado un acuerdo de conformidad que le condena a 41 años y 3 meses de prisión. La sentencia incluye el asesinato de su esposa, el intento de homicidio de sus tres hijos y el maltrato habitual en el ámbito familiar. El acuerdo, alcanzado durante una vista preliminar ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, evita la celebración de un juicio con jurado popular.
El acusado reconoció todos los hechos y aceptó la condena. La pena se desglosa en 22 años y 6 meses por asesinato, 18 años por el intento de homicidio de los tres menores (6 años por cada hijo) y 9 meses por maltrato habitual. Además, deberá pagar 1,4 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a la familia de la víctima. La sentencia contempla dos atenuantes: la confesión y la reparación del daño. El Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente 52 años de prisión.
Los hechos del crimen
Según el escrito del Ministerio Fiscal al que accedió Europa Press, el acusado estaba «dispuesto a no consentirlo jamás» cuando sospechó que Salwa pretendía divorciarse y llevar a sus hijos a Alemania, donde vivían los padres de ella. En julio de 2023, «movido por el sólo afán de arrebatarle la vida, de manera sorpresiva le golpeó violentamente en la cabeza con un objeto decorativo» en su domicilio de la Plaza Martínez Flamarique. Después, le causó «multitud» de heridas con cuchillos de cocina.
El Ministerio Fiscal describió que la muerte «tuvo lugar en medio de una dolorosa agonía innecesariamente alargada tras la multitud de golpes y las reiteradas cuchilladas en zonas no necesariamente vitales, que prolongaron su padecimiento hasta el extremo». Tras el asesinato, el acusado se limpió las manos con lejía, se cambió de ropa y llevó a sus tres hijos, de 8, 9 y 11 años, al camino de la Harinera junto al río Ebro, donde intentó ahogarlos. El hijo menor logró escapar y alertar a otras personas, que intervinieron para salvar a los otros dos niños.
Reacciones al acuerdo
Laura Ramírez, abogada de la acusación particular que representa a la familia de la víctima, declaró a los medios el lunes que «era muy importante honrar a Salwa y sobre todo que se hiciera justicia con ella. Realmente el reconocimiento de él como asesinato con todas las agravantes ha sido muy importante». Sobre el intento de homicidio, añadió que «con respecto a los tres niños, para nosotros que el padre reconociera que quiso matar a sus hijos también es importante».
Ramírez expresó la satisfacción de la familia con el resultado: «Para la familia era fundamental que reconociera todos los hechos para la hora de poder alcanzar un acuerdo con lo cual estamos muy satisfechos. No reconforta jamás porque hay tres niños que han quedado huérfanos y una familia que jamás podrá olvidar lo que ha sucedido, pero al menos satisfechos con el resultado».
María Victoria de Pablo, abogada de la Asociación Clara Campoamor, también parte de la acusación particular, caracterizó el acuerdo como una rendición: «No ha sido un pacto de conformidad sino una rendición por parte del acusado en el cual ha reconocido un asesinato con alevosía y ensañamiento pero algo que para la Asociación es muy importante, ha reconocido que asesinó a Salwa por el hecho de ser mujer y en el marco de su relación matrimonial».
De Pablo destacó que el acusado reconoció la tentativa de homicidio de sus hijos, contradiciendo su relato inicial de que quería suicidarse. También subrayó que «el que reconociera el maltrato habitual al que tenía sometida con violencia física y psicológica de manera continuada a su mujer era necesario». Concluyó: «Se ha conseguido justicia, se le ha reconocido el sufrimiento y sobre todo se ha evitado el morbo innecesario que hubiera supuesto un dolor añadido a la familia y a los hijos de 12 días de juicio». El acusado «no ha pedido perdón», añadió.
El contexto familiar
El acusado y Salwa llegaron a España en junio de 2016 como refugiados procedentes de Líbano, originarios de Siria, con sus tres hijos. Tras residir en un centro de refugiados y aprender el idioma, el acusado encontró trabajo como mecánico. La trayectoria del matrimonio divergió cuando Salwa siguió estudiando, se quitó el velo y buscó empleo. El acusado sospechaba que Salwa pretendía divorciarse y llevarse a sus hijos a Alemania después de que ella consultara a un abogado sobre sus derechos en un divorcio.
Alfredo Arrién, abogado del acusado, calificó el acuerdo de «un éxito» y señaló que «una vez cumpla con la mitad de la condena podrá acceder, si sigue con el mismo comportamiento, a una libertad provisional». El acusado tiene prohibido comunicarse con sus hijos por cualquier medio, lo que De Pablo consideró «algo muy importante para el desarrollo de estos niños».
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
