El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, exigió este viernes que Baleares cumpla la ley tras anunciar la presidenta balear Marga Prohens (PP) que pedirá al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes. El ministro subrayó que la ley establece un sistema de «solidaridad» entre territorios a través de «criterios objetivos».
«Es una ley que está en vigor y, por tanto, las leyes han de cumplirse», aseguró Bolaños en rueda de prensa. Explicó que las leyes «solo se pueden suspender si hay una decisión judicial que así lo determina», algo que hasta la fecha «no se ha producido» y que espera «que no se produzca».
Crisis de capacidad en Baleares
Según El Periódico, La Razón y Levante-EMV, los centros de menores en Baleares funcionan al más del 1.000% de su capacidad, albergando actualmente 680 menores no acompañados. El sistema de reparto obligaría a las islas a recibir 49 menores adicionales procedentes de Canarias y Ceuta.
Prohens criticó el jueves que el Gobierno «habla de números, repartos y cuotas» mientras el Govern se centra en «menores que deben recibir una atención digna». «No son números ni paquetes como pretende el Gobierno, como si fuera a ubicarlos en un almacén», subrayó.
Comparación con otras comunidades
Como reporta La Razón, Canarias maneja cifras significativamente superiores con 12.000 migrantes frente a los 5.000 de Baleares, y 5.500 menores no acompañados comparado con los 680 baleares. Según Levante-EMV, la ruta migratoria argelina hacia Baleares ha experimentado un crecimiento dramático, pasando de 2.000 llegadas en 2018 a más de 4.000 en 2025.
Bolaños recordó que España pide solidaridad a Europa cuando los problemas no le afectan directamente, como ocurrió con los refugiados ucranianos que «básicamente entraron por la frontera polaca». Consideró «esencial» que se produzca esa solidaridad entre territorios «para que ninguna comunidad autónoma tenga que asumir ese sobrecoste».
Tensión institucional
Levante-EMV informa que el Gobierno central no ha establecido contacto con las autoridades baleares a pesar de la crisis. El ministro instó a atender a los menores como corresponde a «una democracia consolidada y una democracia solidaria», mientras el reparto está previsto para iniciarse la próxima semana.
La confrontación refleja el debate sobre los límites entre solidaridad interterritorial y capacidad real de acogida, con el marco legal vigente como punto de fricción entre administraciones.
Fuentes utilizadas: "Europa Press", "El Periódico", "La Razón", "Levante-EMV" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.