El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil condenó este martes a siete acusados por difundir información falsa y promover ataques contra dirigentes militares. Los condenados formaron parte de la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro tras las elecciones de 2022 que ganó Luiz Inácio Lula da Silva.
La Primera Sala del STF votó a favor de condenar a los siete imputados del grupo 4 de la investigación. Entre los condenados figuran cinco militares: el mayor expulsado Ailton Barros, el retirado Ângelo Denicoli, el sargento Giancarlo Gomes Rodrigues, el teniente coronel Guilherme Marques de Almeida y el coronel Reginaldo Vieira de Abreu.
Delitos y cargos específicos
Los dos civiles condenados son el policía federal Marcelo Bormevet y Carlos Cesar Rocha, presidente del Instituto Voto Legal. Esta empresa fue impulsada por el gobierno de Bolsonaro para auditar los comicios de 2022.
Los seis militares y el agente policial fueron condenados por golpe de Estado, tentativa de abolición del Estado de derecho, organización criminal, daños agravados a la propiedad pública y deterioro del patrimonio histórico, según recoge el diario Folha. Rocha solo fue sentenciado por abolición del Estado de derecho y organización criminal.
Según la denuncia, los exmiembros de la Abin Rodrigues y Bormevet formaban parte de una estructura paralela que producía y difundía noticias falsas contra opositores políticos de Bolsonaro. El fiscal general Paulo Gonet defendió que Denicoli colaboró en los «ataques sistemáticos al proceso electoral».
Votación y argumentos judiciales
La decisión se produjo con cuatro votos a favor y uno en contra. El juez instructor Alexandre de Moraes expuso durante cerca de tres horas sus argumentos para la condena.
Moraes argumentó que la materialidad de los delitos ya estaba probada con la condena del primer grupo de acusados, que incluía a Bolsonaro. El expresidente fue sentenciado a más de 27 años de prisión en esa primera resolución.
El magistrado dividió la trama golpista en 13 fases y defendió que los siete condenados participaron en cinco de ellas. Sus acciones comenzaron y terminaron «por orden específica de la organización criminal», según argumentó.
Críticas a la desinformación digital
Moraes atribuyó a los acusados una táctica de difusión masiva de información falsa que comparó con el «nuevo populismo digital extremista». También manifestó que el uso de redes sociales para desinformar no puede confundirse con libertad de expresión.
«Es una falacia, una mentira absurda, criminal y antidemocrática afirmar que este uso de ataques al Tribunal Electoral, al Poder Judicial, a la democracia y discursos de odio constituye libertad de expresión», declaró. Precisó que se trata de «un delito tipificado en el Código Penal» y «un instrumento de agresión para difundir discursos de odio contra el Estado Democrático de Derecho».
La jueza Carmen Lúcia argumentó que los acusados crearon un grupo de violencia contra funcionarios públicos e incitaron a «turbas enfurecidas». «Esta organización criminal, valiéndose de los cargos públicos y de los que ocupan, creó un clima de locura para llegar, como lo hizo, al 8 de enero de 2022», afirmó.
Voto disidente y cambios en el tribunal
El magistrado Luiz Fux fue el único en votar en sentido contrario y abogó por la absolución de los investigados. Su posición coincide con la que mantuvo en la condena contra el principal grupo de acusados encabezado por Bolsonaro.
Fux pidió apenas unas horas después al presidente del Supremo, Edson Fachin, su traslado de la Primera Sala a la Segunda. Aludió a la jubilación anticipada del juez Luís Roberto Barroso, según recoge la Agencia Brasil.
Con la solicitud de Fux, la Primera Sala podría quedarse con apenas cuatro miembros. La quinta plaza solo se cubriría después de que Lula da Silva designe a un nuevo juez para reemplazar al magistrado retirado.
Fuentes utilizadas: "Europa Press", "Folha", "Agencia Brasil" Nota: Este artículo ha sido creado con Inteligencia Artificial (IA).
