La Asociación Amama ha rechazado entregar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) los datos de las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama. La entidad alega que la Ley de Protección de Datos le impide compartir información sanitaria sin el consentimiento expreso de las pacientes. Esta respuesta llega tras el requerimiento formal del SAS, que buscaba aclarar la discrepancia entre las cifras oficiales de 2.317 afectadas y los más de 4.000 casos que sostiene Amama.
La asociación ha enviado un comunicado oficial al SAS en el que argumenta que no puede, por carecer de habilitación legal, trasladar esos datos. Según explica Amama, cualquier cesión de información requeriría un consentimiento expreso, escrito e informado de sus socias, porque cualquier actuación en ese sentido supondría una vulneración grave del régimen de protección de datos que la ley prohíbe.
El SAS había dado a la entidad un plazo de diez días hábiles para remitir «toda la información, documentación o testimonios» sobre posibles incidencias en el programa de detección precoz. El requerimiento solicitaba datos de mujeres donde se produjo un fallo de información y retrasos en las pruebas diagnósticas tras resultados no concluyentes.
Críticas a la Administración sanitaria
Amama califica el requerimiento de «sorpresivo» y cuestiona que la Administración reclame datos que «solo maneja en su integridad la propia Administración que los solicita».
La asociación critica además que la Consejería «no haya pedido perdón a las víctimas ni haya dicho públicamente dónde ha estado la gravísima negligencia que ha llevado a las mujeres a contraer una enfermedad gravísima [...]».
La entidad defiende que la constatación de los fallos en el programa de cribado, y la identificación de su origen, corresponde única y exclusivamente al SAS. Añade que es la Administración sanitaria la que debe tener los datos de las mujeres que no fueron citadas, las que sufrieron retrasos, y las consecuencias que derivaron para cada una de ellas.
Respuesta de la Junta
Fuentes oficiales de la Junta de Andalucía han considerado la respuesta de Amama como «una construcción de cara a la opinión pública, no una argumentación jurídica sólida». Sostienen que «en ningún momento se les requerían datos identificables ni clínicos» y que «lo único que se solicitaba eran datos agregados o información contextual para completar los análisis».
La Administración autonómica mantiene que desde el principio insistió en la confidencialidad, el consentimiento y la protección de datos. Según la Junta, Amama «insiste en cuestiones ya aclaradas».
Batalla de cifras
La discrepancia numérica es uno de los puntos clave del conflicto. Mientras la Consejería de Sanidad ha cifrado en 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en el programa de detección precoz, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, sostiene que la asociación tiene documentados más de 4.000 casos. Amama ya ha presentado 25 reclamaciones patrimoniales de mujeres que han desarrollado cáncer debido a estos fallos.
La Junta ha cifrado en 217 las mujeres pendientes de realizarse ecografías complementarias, con fecha tope el 30 de noviembre.
Pese al rechazo a compartir datos personales, Amama ha expresado su voluntad de colaboración con la Administración sanitaria en cuanto pueda contribuir a la calidad de la atención y la protección de la salud de las mujeres andaluzas.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
