La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez pidieron al juez Juan Carlos Peinado que archive la investigación por presunta malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa. Las acusaciones populares dirigidas por Hazte Oír solicitaron que testifiquen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La comparecencia se celebró este sábado durante más de una hora y media en el marco del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Los otros dos investigados, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, también pidieron el archivo de la pieza separada.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid fijó esta vista para informar a los investigados sobre la transformación de las diligencias que permitiría un juicio con jurado popular. En caso de ser juzgados por malversación, lo harían ciudadanos y no un tribunal de jueces profesionales.
Ausencia justificada de los investigados
Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre optaron por no acudir personalmente al juzgado y enviaron únicamente a sus abogados. Se desplegó el dispositivo de seguridad habitual de las otras cuatro ocasiones en que la esposa de Sánchez acudió al juzgado.
Las defensas se ampararon en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado. Esta establece que la presencia de los investigados «no es indispensable» en este tipo de comparecencias, ya que solo se concretan los términos de la imputación.
La circular sostiene que es suficiente con que acuda la defensa del investigado porque «no se practican diligencias de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado». El abogado de Gómez, Antonio Camacho, insistió en declaraciones a la prensa que no tenía «obligación» de acudir personalmente.
Petición unánime de archivo
Camacho manifestó que, al igual que las defensas de Álvarez y Martín Aguirre, la Fiscalía solicitó al juez que archive la causa «por no ser los hechos constitutivos de delito». Preguntado sobre por qué no comunicó previamente al juez la no comparecencia, aseguró que «no hay ninguna obligación de comunicárselo».
La vista tiene lugar seis meses después de que el juez acordara abrir esta pieza separada para investigar un posible desvío de dinero público. La investigación examina si Álvarez desempeñó funciones privadas para la esposa del presidente en la Universidad Complutense de Madrid mientras ocupaba su cargo en Moncloa.
Fuentes utilizadas: "Europa Press" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
