El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' continúa este lunes con las declaraciones de empresarios imputados por el presunto pago de comisiones a altos cargos del PSOE. Leopoldo Puente ha citado a partir de las 10.00 horas al dueño de Servinabar, Joseba Antxón Alonso, y al exdirectivo de Acciona Fernando Merino.
Ambos empresarios están acusados de haber pagado comisiones al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a cambio de adjudicaciones de obras públicas. El magistrado considera que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación" de contratos mediante "la realización de pagos" que habría recibido en parte Ábalos.
El contrato privado de Servinabar
La investigación se basa en gran medida en las conversaciones que Koldo García grabó entre 2019 y 2023 con los otros implicados. Al registrar la vivienda de Alonso, los agentes de la Guardia Civil hallaron un contrato privado de compraventa firmado por Santos Cerdán.
En el documento, Cerdán adquiriría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones, el 45% de Servinabar, empresa que según la UCO se adjudicó obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros. El contrato estaba "firmado en sus cuatro páginas" por el exdiputado y por Alonso, así como "estampado en su hoja final con el sello de la sociedad".
La defensa niega validez jurídica
La defensa de Cerdán subrayó que se trata de "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno". El exdirigente socialista admitió conocer el documento pero insistió en que no tiene validez y aseguró que ni siquiera llegó a realizar el pago por esas participaciones sociales.
Cerdán declaró que conocía a Alonso desde 2006 y que hacia 2011 tenían "una relación bastante fuerte de amistad" porque hablaban "mucho" de política. Lo describió como "fundamental" en las conversaciones "tanto con PNV como con EH Bildu" para llegar al Gobierno navarro.
El fracaso electoral como explicación
El ex secretario de Organización del PSOE ligó el contrato privado al "peor resultado de la historia" del partido en Navarra, del que se consideraba responsable como director de campaña. Según su versión, pensó "abandonar la política" y Alonso le ofreció "ser socio" de su empresa.
"Firmamos", admitió Cerdán, pero tras hablarlo con su mujer durante "el fin de semana", decidió continuar en política y ordenó a Alonso que "rompiera el documento". El exdirigente añadió que en 2017 compartió piso con Alonso en Madrid por unos 800 euros mensuales de renta.
Los vínculos entre Servinabar y Acciona
La UCO reveló que Servinabar y Acciona participaron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) que se adjudicó varias obras públicas en Navarra, incluido el túnel de Belate por 76 millones de euros. Se trata de "uno de los mayores contratos de obra pública adjudicados en Navarra en la última década", según la acusación popular de UPN.
En el registro de la casa de Fernando Merino, exdirector de departamento de Navarra de Acciona Construcción, los agentes hallaron documentación que revelaría estrechos vínculos entre ambas empresas. Entre los documentos se encontraron protocolos notariales de constitución de UTEs y cesiones de participaciones entre 2018 y 2019.
Adjudicaciones millonarias bajo sospecha
El Tribunal Supremo exigió toda la documentación relativa a cinco obras públicas adjudicadas a Acciona Construcción por un importe global de 537 millones de euros. Estas obras se ejecutaron en Murcia, Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat, cuatro de ellas en el marco de UTEs.
Cerdán admitió conocer a Merino, quien "se presentó en Pamplona en mi despacho como delegado de Acciona en Navarra" en 2014. Según el exdirigente socialista, lo vio "un tiempo" pero perdieron el contacto cuando se trasladó a Madrid en 2017.
Negativas rotundas de otros empresarios
Las declaraciones de este lunes tienen lugar después de que el pasado viernes los empresarios José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción, y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos, negaran ante el magistrado el pago de presuntas mordidas a la trama.
El instructor impuso a los tres empresarios la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial. A José Ruz le sumó además la prohibición de salir del país con entrega del pasaporte, una petición de la Fiscalía Anticorrupción respaldada por la acusación popular.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
