El Ministerio del Interior ha reiterado su disposición a negociar con la Xunta de Galicia sobre la financiación de la Policía Adscrita, pero mantiene su exigencia de que el gobierno autonómico asuma el 50% de los costos. La polémica se intensificó tras la amenaza de la Xunta de retirar a estos agentes de las tareas de protección contra la violencia de género si no se alcanza un acuerdo.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska señaló a Europa Press: «La disposición del Ministerio del Interior es total, tanto con Galicia como con el resto de comunidades autónomas que disponen de unidades adscritas». Sin embargo, insistió en que «los acuerdos deben contemplar, como así lo dispone la ley, el compromiso para hacerse cargo de la financiación del 50% de las retribuciones de las unidades adscritas».
El Ministerio apunta al precedente de Andalucía, también gobernada por el Partido Popular (PP), que firmó en febrero un acuerdo en estos términos. Aquel pacto estableció que la Junta andaluza financiaría el 50% de las retribuciones del personal y asumiría los costos de inversiones, mantenimiento, medios técnicos y servicios.
La propuesta gallega
Diego Calvo, consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, declaró a Europa Press esta semana que Galicia «está en una situación distinta al resto de comunidades autónomas» y que «presta servicios que otras no prestan».
La Xunta propone mantener las condiciones actuales para los 338 agentes existentes –el Estado paga los salarios, la Xunta la productividad y otros costos operativos– y aplicar las condiciones del Ministerio solo para los nuevos efectivos hasta completar los 500 agentes previstos. Calvo afirmó que la posición de la Xunta «vela por los intereses de las víctimas, de los gallegos» y mostró disposición a buscar un «punto intermedio» entre ambas posturas.
Competencias y críticas
Las Unidades de Policía Adscrita dependen orgánicamente de la Dirección General de la Policía pero funcionalmente de las consejerías de Interior autonómicas. En Galicia, estas unidades se encargan de la seguridad de autoridades, vigilancia de instalaciones, protección de menores y patrimonio ambiental. Un acuerdo de 2016 incorporó tareas de protección contra la violencia de género, competencia que la Xunta considera exclusivamente estatal.
La amenaza de retirar agentes de la protección contra la violencia de género ha generado críticas del gobierno central y de la oposición. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, censuró públicamente esta postura de la Xunta.
El Ministerio del Interior espera firmar próximamente un acuerdo similar con el Gobierno de Aragón.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
