La Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y el Senado debate este martes en Madrid dos iniciativas del PP y una de Vox que buscan revisar y limitar la contratación pública en sectores de Seguridad Nacional. El objetivo: frenar los contratos con proveedores considerados de alto riesgo, como la compañía china Huawei.
El PP ha registrado dos propuestas en el Senado. La primera pide una revisión estratégica de la política de contratación pública en sectores sensibles para restringir la participación de «proveedores de alto riesgo». El partido exige al Ejecutivo un informe sobre los contratos activos en sectores críticos con empresas sujetas a obligaciones de colaboración con servicios de inteligencia extranjeros.
Vox, por su parte, ha presentado una iniciativa en el Congreso que solicita prohibir directamente la adjudicación de contratos de servicios de Seguridad Nacional a estos proveedores. El partido sigue la línea marcada por la Comunicación de la Comisión Europea C(2023) 4049. Vox acusa además al Ejecutivo de priorizar las relaciones con China y adjudicar contratos que afectan a la seguridad nacional a empresas chinas.
Los contratos con Huawei
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha adjudicado contratos a Huawei para tecnología relacionada con la interceptación legal de comunicaciones. La compañía china también recibió un contrato de 12,3 millones de euros para renovar los servidores de escuchas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Huawei está sujeta a la Ley de Inteligencia Nacional de China, cuyo artículo 7 obliga a organizaciones e individuos a apoyar y cooperar con los servicios de inteligencia del país. Los partidos de la oposición consideran que esta vinculación legal representa un riesgo para la seguridad nacional española.
Reforma de la ciberseguridad
El PP también impulsa una segunda iniciativa para reformar de manera urgente el modelo de gobernanza de la ciberseguridad nacional. El partido justifica la propuesta por el «incremento notable en el volumen e impacto de ciberincidentes». La reforma incluye la creación de una autoridad nacional única en ciberseguridad, la aceleración de la transposición de la directiva europea NIS2 y el fortalecimiento de la cooperación con el sector privado.
Vox pide además aumentar los recursos materiales y de personal para las agencias estatales de ciberseguridad, especialmente el Centro Criptológico Nacional.
Otros países occidentales ya han restringido la participación de estos proveedores en proyectos sensibles.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
