El Tribunal Supremo ha publicado este martes la sentencia completa que condena al ex fiscal general Álvaro García Ortiz por filtrar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El documento de 180 páginas concluye que García Ortiz, o alguien de su entorno inmediato con su conocimiento, fue responsable de la filtración de un email reservado en marzo de 2024.
La condena impone dos años de inhabilitación para ejercer cargo público, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros en concepto de daños morales a González Amador. García Ortiz ya dimitió el 24 de noviembre, cuatro días después de conocerse el fallo.
El tribunal basó su resolución en un «cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente», según afirma la sentencia. Entre los elementos que señalan a García Ortiz figuran su acceso privilegiado a la documentación, la secuencia temporal de las comunicaciones, la urgencia mostrada para obtener los emails, el posterior borrado de registros y los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración.
Justificación rechazada
El Supremo rechazó de forma contundente el principal argumento de defensa de García Ortiz. El entonces fiscal general alegó que actuó para desmentir un "bulo" difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, sobre un supuesto pacto que la Fiscalía habría frenado "desde arriba".
El tribunal fue tajante: García Ortiz «no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito», señala la sentencia. Los magistrados añadieron que sobre el fiscal general pesaba un «reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación».
La resolución también desmonta la tesis de que la información ya era pública. «El deber de confidencialidad del fiscal general del Estado --en términos generales, de cualquier funcionario del Ministerio Fiscal-- no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido objeto de tratamiento público», establece el fallo.
Origen del caso
Los hechos se remontan a marzo de 2024. El abogado de González Amador envió el 2 de febrero un email a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales de su cliente y proponiendo un acuerdo para evitar prisión. El 13 de marzo, el diario El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario.
Esa misma noche, el email confidencial fue filtrado a la Cadena SER. Al día siguiente, 14 de marzo, la Fiscalía General publicó una nota informativa detallando el intercambio de emails y el reconocimiento de los delitos por parte de González Amador. El tribunal considera que «la nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa».
Votos discrepantes y sucesión
Cinco de los siete magistrados de la Sala Segunda del Supremo votaron a favor de la condena. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo emitieron votos particulares discrepantes, argumentando que no quedó probado que García Ortiz filtrara el email y que debería haber sido absuelto.
El Gobierno ya ha designado a Teresa Peramato como sucesora de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. Peramato ha reconocido que la condena supone «una profunda herida» para la Fiscalía española y ha expresado su deseo de sanarla bajo su dirección.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
