El Tribunal Supremo interroga este lunes a Manuel José García Alconchel, ex-director de la zona sur de Acciona Construcción España, por presuntos amaños en contratos de obra pública. La investigación se centra en sus vínculos con Servinabar, empresa supuestamente co-propiedad del ex-secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco del 'caso Koldo'. El magistrado evaluará si impone medidas cautelares similares a las aplicadas a otros ex-directivos.
García Alconchel está suspendido de funciones en Acciona desde el 18 de noviembre. La investigación se enfoca en su papel en uniones temporales de empresas (UTE) con Servinabar, creada en 2015. Pocos días después de su constitución, Servinabar firmó un acuerdo marco con Acciona para «explorar futuras oportunidades de negocio», con un límite de beneficios del 2%.
Los millones de Servinabar
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó a Santos Cerdán como propietario del 45% de Servinabar. Según el informe de la UCO, la empresa ingresó al menos 6,7 millones de euros vinculados a Acciona durante el periodo investigado, lo que representa el 75% de sus ingresos totales de 8,9 millones.
Los ingresos de Servinabar no vinculados a Acciona alcanzaron los 2,2 millones de euros, procedentes principalmente de transferencias de otras empresas y suscripciones de préstamos. La empresa movió casi 9,7 millones de euros en salidas de fondos durante diez años.
La mayor partida de gastos, con 4 millones de euros (48,79% del total), corresponde a transferencias a personas y entidades, otros gastos, operaciones bancarias y de tarjetas, cheques y comisiones. Los pagos de nóminas representaron el 20,98%, los impuestos el 28,42% y las transferencias a Acciona el 1,80%.
Beneficiarios identificados
La UCO señala a Santos Cerdán y su familia como "claros beneficiarios" del presunto esquema. Los beneficios incluyen pagos de nóminas, alquileres (incluida su vivienda familiar en Madrid) y gastos con tarjetas de crédito superiores a 33.000 euros.
El magistrado del Supremo ya impuso medidas cautelares a los ex-directivos Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, citando "pruebas suficientes" de presuntos delitos de cohecho y criminalidad organizada. Las medidas incluyen prohibición de salir del país, retirada de pasaportes y comparecencias judiciales quincenales.
Acciona Construcción ha negado explícitamente el pago de comisiones a personas implicadas en el caso judicial. La empresa se reserva el derecho de emprender acciones legales si las investigaciones revelan perjuicios directos por las acciones de los investigados.
En 2019, Santos Cerdán se unió "in extremis" a un viaje oficial del ex-ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, supuestamente para intervenir en asuntos relacionados con el proyecto del puerto de Kenitra en Marruecos.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
