El escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz ha desatado una tormenta política en España. Audios filtrados revelan que el CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, instruyó a su equipo directivo para aumentar las listas de espera y cancelar procedimientos con el fin de incrementar los beneficios económicos. El caso ha provocado reacciones políticas contundentes y nuevas medidas legislativas del Ministerio de Sanidad.
Las grabaciones, correspondientes a una reunión del 25 de septiembre, muestran a Gallart estableciendo un objetivo de beneficios «entre cuatro o cinco millones de euros» para el Hospital de Torrejón. Además, el CEO ordenó la reutilización de catéteres de un solo uso hasta diez veces, una práctica que vulnera las normas sanitarias básicas.
El hospital atiende a 150.000 personas bajo un sistema de pago per cápita, independientemente de la actividad realizada. Este modelo, conocido como modelo Alzira, permite a empresas privadas construir y gestionar centros públicos de salud a cambio de una compensación fija por población asignada.
El Ministerio prepara nueva legislación
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado una futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que prohibirá a empresas con ánimo de lucro gestionar centros de salud públicos. La normativa derogará la norma 15/97, aprobada bajo el gobierno de José María Aznar, que permitió nuevas formas de gestión incluyendo acuerdos con entidades privadas.
La ley afectará directamente a los seis hospitales que actualmente operan bajo el modelo Alzira en España. En la Comunidad de Madrid son cuatro, incluyendo Torrejón. Los otros tres son gestionados por Quirónsalud: el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba.
García ha solicitado a la presidenta Ayuso abrir dos investigaciones: una sobre posibles incumplimientos contractuales, asistenciales o éticos de Ribera Salud, y otra sobre todos los hospitales bajo el modelo Alzira para determinar si estas prácticas son «aisladas» o forman parte de «una dinámica más amplia». El Ministerio realizará su propia auditoría y llevará el caso a la Fiscalía por un posible delito de lesiones contra pacientes.
Matute defiende el sistema madrileño
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, criticó los «intereses deleznables» de la izquierda en relación con el Hospital de Torrejón. En declaraciones a esRadio, Matute calificó el fragmento conocido del audio como «inaceptable» y expresó su acuerdo con la retirada temporal del CEO: «Yo estoy de acuerdo en que hayan retirado a este CEO de sus funciones hasta que todo se aclare».
Sin embargo, Matute acusó a la izquierda de usar el caso para crear «desasosiego» en la población y difundir «noticias falsas». Según declaró a El Mundo, el asunto «ha sido la excusa perfecta para tapar esta semana el escándalo de Paco Salazar» y «que tape los desmanes de Koldo, Ábalos, Cerdán o Jesicas».
La consejera defendió el sistema sanitario madrileño como «una de las mejores sanidades de España y de Europa», destacando que atiende hasta el 40% de las necesidades oncológicas y de enfermedades complejas de otras partes de España. Los conciertos de colaboración benefician a más de 1,1 millones de ciudadanos en la región, según sus declaraciones.
Matute se reunirá este martes con el presidente del grupo Ribera Salud para exigir explicaciones. «No temblará ni una pestaña en hacer lo que haya que hacer», aseguró en esRadio, comprometiéndose a garantizar la «excelencia» del sistema sanitario madrileño y advirtiendo que no permitirá que «nadie juegue» con la sanidad de la comunidad.
Conflicto paralelo en Andalucía
Mientras tanto, el consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, exigió la retirada inmediata del borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, «por ser inviable, generar división y poner en riesgo el funcionamiento ordinario del sistema sanitario en lo que es, sin duda, el mayor conflicto sanitario en años».
Sanz criticó que el documento «nace sin diálogo real ni consenso y se ha elaborado de espaldas a las comunidades autónomas, a las organizaciones médicas, sindicales y a los gestores». El consejero andaluz subrayó la «falta de garantías de un documento improvisado, ideologizado y deficiente que ni siquiera cuenta con financiación».
La demanda coincide con huelgas de profesionales sanitarios esta semana, con manifestaciones convocadas por el Sindicato Médico en diversos puntos, incluida la explanada principal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
