Dos exdirectivos de Acciona negaron este miércoles ante el juez cualquier irregularidad en las obras públicas que la empresa obtuvo en unión temporal (UTE) con Servinabar, la compañía vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte defendieron que la comisión del 2% cobrada por Servinabar era una cantidad habitual por servicios prestados. El magistrado instructor Leopoldo Puente les impuso medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y firma quincenal en el juzgado.
Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona para España, justificó la presencia de Cerdán en las conversaciones sobre el proyecto Mina Muga en Navarra como un «agente social» y «amigo» de Antxon Alonso, propietario de Servinabar. Según el ejecutivo, se trataba de «intercambiar impresiones» sobre el impacto regional del proyecto, valorado en 600 millones de euros. El directivo calificó el proyecto como «muy atractivo» y un «oasis en el desierto» en un momento en que Acciona contrataba solo 600 millones anuales.
El esquema investigado
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil documenta en su informe que Servinabar se constituyó días antes de firmar el acuerdo marco con Acciona en 2015. Este pacto permitía «explorar futuras oportunidades de negocio» y garantizaba a Servinabar un 2% de participación. El encuentro entre Pelegrini y Cerdán se produjo en mayo de 2017, poco después de que se firmara otro contrato de servicios para Mina Muga.
Los investigadores señalan que Pelegrini «mantenía asidua comunicación con Alonso, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos». Según el informe, estas comunicaciones «habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas» mostradas en pantalla durante videoconferencias.
Más de 6,7 millones de ingresos
Además de Mina Muga, Servinabar participó en otras UTEs con Acciona: una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y un tren en Sant Feliú. La adjudicación total de estos proyectos superó los 245 millones de euros.
La UCO cifra en «al menos» 6.707.294,67 euros los ingresos que Servinabar recibió de Acciona durante el periodo investigado, lo que representa el 75% de sus ingresos totales. De los 9,7 millones de euros de salida de fondos de la empresa en los últimos diez años, casi la mitad (4 millones) corresponden a transferencias a particulares, gastos bancarios, comisiones y cheques. Los investigadores identifican a Cerdán y su familia como beneficiarios claros, con pagos de nómina, alquileres y gastos de tarjeta de crédito superiores a 33.000 euros.
Postura de Acciona
Acciona Construcción negó haber pagado comisiones a ninguna persona implicada en el caso judicial. La compañía se reserva el derecho de emprender acciones legales si se demuestra algún perjuicio directo derivado de las actuaciones de los investigados. Tanto Olarte como Manuel García Alconchel, otro directivo citado para el día 15, están actualmente suspendidos de sus cargos.
Las medidas cautelares fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y apoyadas por el Partido Popular, que se adhirió a la acusación popular.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
