La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz. El pedido desafía directamente la condena de dos años de inhabilitación que le impuso el alto tribunal por revelar información reservada sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, argumenta en su escrito que los magistrados ignoraron pruebas que exoneraban a García Ortiz y vulneraron sus derechos fundamentales. El documento fue adelantado por El Español y consultado por elDiario.es.
Críticas al fallo del Supremo
Sánchez Conde acusa a los jueces de realizar una «incompleta selección de los hechos» al omitir testimonios de periodistas que aseguraron haber accedido previamente al correo sobre la confesión de fraude fiscal de González Amador. La teniente fiscal sostiene que las pruebas exculpatorias fueron descartadas «sin explicación alguna».
La Fiscalía critica además que la Sala de lo Penal introdujo un «hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso» al considerar delictiva la nota de prensa que emitió el Ministerio Público, un aspecto que no fue debatido durante la instrucción.
El escrito argumenta que el Supremo creó «un tipo delictivo» al castigar la difusión de información que ya no era secreta, excediendo lo establecido en el Código Penal. La condena a pagar 10.000 euros de indemnización y las costas procesales se califica como «difícilmente entendible» y carente de motivación.
Posición del Tribunal Supremo
La sentencia original determinó que García Ortiz «o una persona de su entorno» filtró a la prensa detalles de la confesión fiscal de González Amador durante la noche del 13 de marzo de 2024. Los magistrados concluyeron que «el correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado».
El fallo señaló que «el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito». Los jueces reconocieron que periodistas pudieron tener acceso previo a los datos, pero afirmaron que «que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general».
El caso se originó cuando la defensa de González Amador ofreció a la Fiscalía admitir dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel. La sentencia fue dictada por siete magistrados con mayoría conservadora, con votos discrepantes de dos magistrados progresistas.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
