El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una semana marcada por múltiples frentes judiciales y una derrota parlamentaria. El Tribunal Supremo condenó al fiscal general Álvaro García Ortiz el 20 de noviembre, el exministro José Luis Ábalos ingresó en prisión el jueves pasado, y el Congreso rechazó la senda de estabilidad presupuestaria para 2026-2028.
García Ortiz fue condenado por revelar datos reservados relacionados con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El tribunal estableció su responsabilidad «más allá de toda duda razonable». A pesar de la condena, García Ortiz permanece en el cargo tras ofrecer su dimisión, que Moncloa no aceptó. El Gobierno prevé recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y, potencialmente, instancias europeas.
Ábalos, en prisión
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ingresó en prisión el jueves. Fuentes del partido lo califican de «impredecible» y advierten: «Esto solo puede ir a peor». Ábalos ha comenzado a conceder entrevistas apuntando contra Sánchez y su esposa Begoña Gómez.
Su asesor Koldo García también permanece encarcelado. El viernes compareció ante la Audiencia Nacional en el caso de las mascarillas, donde se negó a declarar.
Nuevas imputaciones a Cerdán
Un informe de la UCO del 18 de noviembre implica a Santos Cerdán, figura destacada del PSOE, en un sistema de comisiones del 2% en obra pública. El informe señala: «A Paqui [la mujer de Cerdán] la conocían todas las dependientas de El Corte Inglés». Fuentes del Ejecutivo expresaron sorpresa: «Santos era un monje, Ábalos era más disfrutón».
Derrota parlamentaria
El Congreso de los Diputados rechazó el jueves la senda de estabilidad del Gobierno para los ejercicios fiscales 2026, 2027 y 2028. Una segunda votación definitiva está prevista para diciembre. El Gobierno no tiene aprobados Presupuestos Generales del Estado desde 2022.
Moncloa declaró que el rechazo no impedirá presentar los presupuestos, aunque su aprobación dependerá del retorno de Puigdemont a España para que se considere realista.
Requerimientos judiciales al PSOE
La Audiencia Nacional concedió al PSOE diez días desde el miércoles pasado para entregar «la relación de pagos en metálico» desde 2017 —cuando Sánchez ganó las segundas primarias y Ábalos se convirtió en secretario de Organización— hasta 2024. La Fiscalía investiga un posible «desfalco al partido».
El PSOE cuestionó al juez si solo se requiere información de Ábalos y Cerdán, argumentando que no deberían entregar datos sensibles que terminen en «archivos del Partido Popular, Vox y Hazte Oír».
Ultimátum por las agendas de Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado emitió el jueves un ultimátum a Moncloa para que entregue las agendas de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez. La petición inicial se realizó el 4 de noviembre. Testigos han descrito a Álvarez como la «interlocutora» para el software investigado.
Si Moncloa no entrega los documentos, podría enfrentar cargos por desobediencia.
Caso De Aldama
Víctor de Aldama, comisionista descrito como «nexo corruptor» en la investigación, declaró el jueves ante la Audiencia Nacional en el caso de las mascarillas. Intentó implicar al ministro Ángel Víctor Torres, afirmando que estaba «obsesionado» con convertirse en ministro. Tras su declaración, De Aldama dijo sobre Torres: «Debe estar preocupado, bastante».
Los socios de investidura no prevén viabilidad del Gobierno más allá de la primavera de 2026 sin elecciones. Sánchez lleva más de siete años en el poder.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
