El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia se relaciona con la filtración de un correo electrónico sobre el fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno ha anunciado que iniciará el proceso para nombrar un sustituto en los próximos días.
La condena, que incluye el pago de 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales a González Amador, fue aprobada por cinco magistrados del Supremo. Dos magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, votaron en contra con votos particulares discrepantes. La sentencia fue comunicada a las partes este jueves, apenas una semana después de que concluyera el juicio histórico contra García Ortiz.
El Ejecutivo expresó que «respeta el fallo, pero no lo comparte». Fuentes gubernamentales anunciaron que «en los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». La Moncloa reconoció la labor de García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad» durante su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.
Reacciones del Gobierno y sus socios
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, fue el único miembro del Gobierno en pronunciarse de inmediato. A la salida de un acto en el foro Metafuturo en Madrid declaró: «Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente». López, descrito como el próximo rival electoral de Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas, añadió: «Cuando lo lea lo valoraré».
Pedro Sánchez había defendido la inocencia de García Ortiz durante todo el proceso judicial. El 9 de noviembre, en pleno juicio, el presidente del Gobierno lo calificó de «inocente» y añadió: «Y más aún tras lo visto en el juicio».
El PSOE emitió un comunicado en el que reconoció el «compromiso con la ley, con la verdad y con la independencia de las instituciones públicas» de García Ortiz, al tiempo que respetaba la decisión aunque no la compartía.
Sumar, socio minoritario del Ejecutivo de coalición, calificó la condena como un «golpe judicial en toda regla». Su líder, Lara Hernández, aseguró en su cuenta de X que la sentencia estaba decidida «mucho antes de empezar el proceso». Hernández vinculó el fallo a una ofensiva de la derecha contra el Gobierno: «La sentencia estaba escrita desde mucho antes de empezar el proceso porque responde al 'que pueda hacer que haga'», en referencia a una frase del expresidente José María Aznar de noviembre de 2023.
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís integrado en el grupo Sumar, caracterizó la condena como "lawfare" en un audio enviado a los medios. Calificó la jornada de «día negro» y advirtió que la sentencia pone en peligro la libertad de prensa, la protección de fuentes y la presunción de inocencia, sugiriendo que «se pueda condenar sin pruebas». Ibáñez también afirmó que «el franquismo sigue vivo», en alusión al 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco que se conmemora este 20 de noviembre de 2025.
Ione Belarra, líder de Podemos, acusó a la «derecha judicial y mediática» de «asesinar civilmente» a García Ortiz para «tapar la corrupción» de Ayuso y su pareja. En su cuenta de X escribió: «Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional?»
Exigencias de la oposición
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue contundente en un mensaje en X: «Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más». Muñoz hizo referencia a un vídeo previo en el que Sánchez hablaba de «falsas acusaciones y bulos».
José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso, instó al presidente del Gobierno a «convocar elecciones» en declaraciones a los periodistas. Figaredo calificó la decisión judicial de «impresionante e impactante» y afirmó: «Si tuviera un poco de dignidad y de coherencia política, convocarían elecciones hoy mismo».
El dirigente de Vox describió la sentencia como «un hito más de la vergüenza» y acusó al Gobierno de haber «colonizado, manoseado, sobado y tomado al asalto todas las instituciones del Estado». Consideró a García Ortiz como «pieza más» de un «Gobierno de la corrupción» y se preguntó: «¿quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno?»
Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, escribió en X «Vuestro 20N», en clara alusión a la fecha del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.
La sentencia marca un momento histórico al ser la primera vez que un fiscal general del Estado en activo es condenado por un tribunal. Sus efectos, sin embargo, no se harán efectivos hasta la notificación formal de la sentencia, que aún no ha sido redactada.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
