Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situaron este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el centro de la presunta filtración sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Once agentes testificaron en el Tribunal Supremo señalando que García Ortiz borró WhatsApps y correos «voluntaria» y de forma «no accidental». El fiscal general decidió no contestar a las acusaciones en el juicio y calificó la acción contra él como «desleal».
La UCO identificó «dos filtraciones» distintas en el caso. La primera: el contenido de un email del 2 de febrero en el que el abogado de González Amador admitía dos delitos fiscales. Cadena SER publicó esta información la noche del 13 de marzo a las 23:51 horas. La segunda: la imagen del propio documento, que llegó a manos de Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, antes de su publicación en El Plural el 14 de marzo a las 09:06 horas.
El papel del fiscal general
El teniente coronel Antonio Balas, responsable del informe de la UCO, aseguró que el caso «muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla y durante todo el proceso se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general». Los agentes defendieron que «todo lo que se ha filtrado de manera textual estaba previamente en poder de la Fiscalía General del Estado». García Ortiz recibió el email con la admisión de delitos a las 21:59 horas del 13 de marzo, casi dos horas antes de su publicación.
La conexión con Moncloa emerge del testimonio sobre Pilar Sánchez Acera. Esta envió a Juan Lobato, entonces portavoz del PSOE de Madrid, una captura del email con el mensaje «Te aviso cuando salga» a las 08:48 del 14 de marzo. Tres minutos después de que El Plural publicara la imagen, Sánchez Acera le envió el enlace. Ella afirmó ante el tribunal: «En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo del 2 de febrero que está siendo objeto de investigación».
Defensa y cuestionamientos
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, criticó las «inferencias» de la UCO y calificó su investigación como «creativa». La abogada Consuelo Castro señaló que 600 personas más tuvieron acceso a la información filtrada. Los agentes respondieron que no realizan «investigaciones prospectivas» y se centraron en quienes tenían «un propósito, una disponibilidad».
Los registros del 30 de octubre de 2024 en las oficinas de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, revelaron que el fiscal general había cambiado de teléfono el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo abriera causa contra él. La defensa considera estos registros «nula de pleno derecho» y «desproporcionados».
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
