Los movimientos 'Regularización Ya' y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han exigido vivienda digna para las personas afectadas por el desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona (Barcelona). La portavoz de 'Regularización Ya', Victoria Columba, calificó el suceso como el «macrodesalojo más grande de la historia de España y Cataluña» y como «una tragedia anunciada y planificada por acción u omisión de todas las Administraciones», según declaraciones a Europa Press.
La Cruz Roja llevó a cabo un operativo de solo tres horas para algunos afectados, que Columba describió como un «microoperativo» insuficiente. La Generalitat respondió una semana después del desalojo, ofreciendo opciones de realojamiento que la portavoz criticó por ser «alejados y provisionales», ubicadas en Girona, Lleida y Tarragona. La mayoría de los desalojados regresaron a un puente donde habían residido anteriormente, sin alternativas adecuadas.
Tras el desalojo, 20 personas reocuparon el espacio Can Bofí, lo que provocó una manifestación de apoyo de «500 personas», según Columba. La Generalitat acordó finalmente un realojamiento temporal de dos meses y medio. El albergue municipal de Badalona había sido cerrado tiempo atrás, limitando las opciones locales de acogida.
Demandas de atención inmediata
'Regularización Ya' exigió que los servicios sociales municipales atiendan a los afectados «de forma inmediata», «garantizándoles en todo momento una alternativa habitacional» y derivándolos a los recursos apropiados. Columba señaló que la Cruz Roja no es una entidad de «confianza» entre los ex menores tutelados, y destacó que las organizaciones «antirracistas» y los sindicatos de defensa de la vivienda han «sostenido la vida» de los afectados.
Las organizaciones reclaman también la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas extranjeras, actualmente bloqueada en el Congreso. «Y si el Gobierno quiere lo puede hacer por Real Decreto ya que las aritméticas del Congreso no han sido su fuerte durante su legislatura», afirmó Columba.
Condena de CEAR
CEAR expresó su «absoluta condena» por la situación de las personas migrantes «cuya situación de sinhogarismo se ha visto agravada tras el desalojo del instituto en el que habitaban». La organización denunció que la actuación «responde a una radicalización de la política migratoria, xenófoba y racista, que contribuye a la criminalización de las personas migrantes, vulnera los derechos y castiga a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad».
CEAR advirtió que «una de las consecuencias más peligrosas de este tipo de decisiones políticas es la ruptura de la convivencia y de la paz social». Entre los obstáculos que enfrentan los afectados se encuentran el racismo inmobiliario que impide el acceso a alquileres y la falta de transporte a las alternativas de vivienda ofrecidas en otras provincias.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
