El Gobierno español ha renunciado a 62.000 millones de euros en créditos blandos europeos destinados a inversión productiva, citando su incapacidad para aprobar las reformas necesarias en el Parlamento. Al mismo tiempo, ha anunciado la mayor inyección de capital de la historia del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotándolo con 10.500 millones de euros procedentes de fondos europeos para convertirlo en un banco público.
La decisión de rechazar los préstamos europeos supone renunciar a recursos con condiciones ventajosas: créditos a 30 años con 10 años de carencia. El Gobierno ha justificado públicamente esta renuncia alegando que los créditos de la UE resultan más caros que las emisiones del Tesoro, a pesar de que los diferenciales son estrechos e impredecibles. De los 83.200 millones de euros en préstamos disponibles para España, el país ha solicitado hasta ahora solo 16.000 millones, esperando recibir 5.500 millones adicionales.
España recibió un total de 163.000 millones de euros en recursos europeos tras la crisis del COVID: 79.800 millones en ayudas no reembolsables y 83.200 millones en préstamos retornables. El país ha cobrado ya 55.000 millones de las subvenciones no reembolsables, casi siete de cada diez euros disponibles en esta categoría.
El ICO se convierte en banco público
El Ministerio de Economía ha impulsado una capitalización sin precedentes del ICO que triplicará su capital actual. La institución pasará de 4.314 millones de euros - cifra anclada durante una década desde 2015 - a 15.000 millones en las próximas semanas. Esta inyección elevará su capacidad de financiación hasta 60.000 millones de euros.
El ICO operará como banco directo, transfiriendo financiación a empresas y particulares «pero sin competir con la banca comercial, con el objetivo de resolver ineficiencias y fallos de mercado», según fuentes de la institución. La entidad se dirige especialmente a unas 250.000 pequeñas y medianas empresas que las entidades comerciales son reticentes a financiar.
Los nuevos criterios de inversión comprometidos con Bruselas priorizan la agenda verde del Gobierno: renovación energética de edificios, financiación de energía solar, reducción de emisiones del transporte y dispositivos de eficiencia energética en pymes. El Gobierno ha decidido excluir de su ámbito a empresas asociadas con energía nuclear, además de sectores como combustibles fósiles, industrias electrointensivas y fabricación de vehículos contaminantes.
Coste de la parálisis parlamentaria
La incapacidad del Gobierno para aprobar presupuestos desde el inicio de la legislatura ha impedido concretar prioridades de inversión. Esta parálisis parlamentaria se refleja en la renuncia a los fondos europeos, cuyo acceso estaba condicionado a la aprobación de reformas acordadas con Bruselas que permanecen pendientes: atención sanitaria rural, Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, Plan Nacional de Competencias Digitales, Ley de Industria, regulación de grupos de presión y revisión integral del gasto fiscal.
El plan inicial del Gobierno contemplaba que el ICO gestionara 40.000 millones de euros para la agenda verde, pero la falta de demanda, dificultades técnicas y obstáculos administrativos provocaron que se renunciara a 35.000 millones solicitados a Bruselas. Las líneas originales del ICO (ICO Verde, línea empresas y emprendedores, Spain Audiovisual Hub, ICO Vivienda y Fondo Next Tech) cerrarán el próximo agosto.
La economía española experimentó un apagón de inversión prolongado desde la pandemia, reanimándose solo en los últimos dos años, primero en construcción residencial y después en industria. El Banco de España proyecta que la inversión aportará al crecimiento 1,1 puntos porcentuales en 2025, 0,9 puntos en 2026 y 0,5 puntos en 2027. La formación bruta de capital será menos generosa este año y los próximos dos en comparación con 2025.
Italia, el otro gran beneficiario de los fondos Next Generation, priorizó el crédito y lo obtuvo más barato de lo que hubiera podido su Tesoro, además de alargar la vida media de sus títulos de deuda. España experimentó el año pasado un apagón eléctrico total durante 24 horas, y se prevén cuellos de botella similares en tráfico aéreo, ferroviario, sanidad, educación, suministro de agua y accesos urbanos si no se activa la inversión.
Nadia Calviño, exministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez durante 2.000 días, admitió hace un par de meses en la presentación de su libro de memorias: «Si tengo que reconocer alguna tarea que me quedara pendiente de mi paso por el Gobierno sería que me quedó por hacer un gran banco público en torno al ICO. Y no fue porque no lo intentara».
El Gobierno de Zapatero ya intentó entre 2006 y 2011 aumentar el capital del ICO desde 958 millones hasta 3.230 millones para crear un banco público, pero el intento se enfrentó a problemas, incluido un agujero millonario en su balance que obligó a reforzos de capital posteriores para su supervivencia en lugar de política económica.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
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