El Partido Popular presentará el próximo martes en el Congreso una proposición no de ley para que la Cámara certifique que la Ley de Amnistía constituye un «trueque político» destinado a garantizar la investidura de Pedro Sánchez (PSOE). Los populares buscan el respaldo parlamentario para rechazar los argumentos oficiales sobre reconciliación nacional.
Según Europa Press, la iniciativa se votará en la Comisión Constitucional y recuerda que la norma se impulsó tras las elecciones del 23 de julio de 2023. El acuerdo con Junts per Catalunya resultó imprescindible para asegurar los votos necesarios en la investidura del actual presidente del Gobierno.
Críticas europeas a la tramitación
El texto cita las alegaciones de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se advirtió que la ley no respondía a un interés general reconocido. Las autoridades europeas señalaron que la norma buscaba garantizar «la impunidad de actores políticos específicos».
La tramitación de urgencia, sin consulta pública ni informes independientes, habría vulnerado principios básicos del Estado de Derecho según las alegaciones europeas. Los populares destacan especialmente las críticas a la afectación de la separación de poderes y la independencia judicial.
Admisiones de autoría de Junts
El documento recoge declaraciones de responsables de Junts reconociendo su participación directa en la redacción final de la ley. El diputado Josep Pagés afirmó en la Comisión Constitucional que «la redacción actual de la ley de amnistía se tiene que imputar a Junts per Catalunya: Somos los responsables de que la redacción sea la que es».
El secretario general de Junts, Jordi Turull, admitió en junio de 2025 haber participado en la elaboración del texto legal. Por su parte, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró ante el Tribunal Supremo que negoció la amnistía directamente con el expresidente catalán Carles Puigdemont como «moneda de cambio esencial» para la investidura.
Cambio de posición socialista
La proposición recuerda las posiciones previas de dirigentes socialistas contrarias a la amnistía. Pedro Sánchez había afirmado en 2022 que «no entra en la legislación ni en la Constitución española», mientras que la exvicepresidenta Carmen Calvo sostuvo en 2019 que estaba «absolutamente prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias».
Para el PP, estos testimonios demuestran que la aprobación de la Ley 1/2024 respondió exclusivamente a necesidades parlamentarias del Ejecutivo. La exposición de motivos concluye que «un Gobierno sustentado en una mayoría parlamentaria coyuntural se otorgó a sí mismo y a sus aliados una amnistía a la medida de sus necesidades».
Segunda iniciativa sobre "mutación constitucional"
En otra proposición no de ley para el Pleno, aún sin fecha, el PP denuncia una supuesta «mutación constitucional encubierta» hacia un Estado confederal. Los populares consideran que diversas normas e iniciativas gubernamentales alteran el marco constitucional vigente desde la llegada de Sánchez al poder.
El texto sostiene que la Constitución de 1978 representó «un ejemplar esfuerzo de consenso y pacto entre diferentes». Tras la derrota del terrorismo de ETA y del independentismo catalán en 2017, el actual Ejecutivo habría decidido dar «una segunda oportunidad política» a los herederos del brazo político de ETA y a los responsables del proceso independentista.
Críticas al modelo territorial
La iniciativa incluye entre las medidas cuestionadas la reforma del Código Penal de 2022 que eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación. También acusan al Gobierno de haber «intervenido» el Tribunal Constitucional mediante la incorporación de «altos cargos procedentes del Ejecutivo».
Los populares critican asimismo la negociación de un sistema de financiación singular para Cataluña y la cesión de competencias exclusivas del Estado. Denuncian «ataques simbólicos y materiales» como el uso de pinganillos en el Congreso o la aceptación de la Diada catalana como «fiesta institucional» en la Cámara.
El Partido Popular concluye que «si la Transición fue una reforma legítima --de la dictadura a la democracia--, el sanchismo representa una mutación ilegítima --de una democracia plena hacia una democracia fallida--».
Fuentes utilizadas: "Europa Press" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
