El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha investigado a nueve personas y dos empresas por irregularidades en la vacunación y venta de medicamentos veterinarios. La operación se desarrolló en las provincias de Zaragoza y Huesca por supuestos delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando especialistas del SEPRONA tuvieron conocimiento de una cartilla sanitaria canina sospechosa. En el documento constaban dos vacunaciones de mayo de 2024 firmadas por un veterinario del cual no se podía identificar ni su nombre ni su número de colegiado.
Inspección en el centro canino
Los agentes se personaron en el núcleo zoológico para realizar comprobaciones de las instalaciones, los animales y la documentación. Durante la inspección intervinieron dos cartillas sanitarias caninas que contenían las vacunas sin el registro del veterinario que supuestamente las había suministrado.
El personal de una clínica veterinaria y el veterinario oficial del núcleo zoológico declararon a los agentes no haber realizado el suministro de las vacunas. Sus testimonios contradecían lo que aparecía registrado en las cartillas sanitarias y los pasaportes caninos.
Irregularidades en la cadena de distribución
La investigación se extendió a dos establecimientos dedicados a la venta de animales relacionados con el centro canino, ubicados en las provincias de Zaragoza y Huesca. Los agentes verificaron que en las cartillas sanitarias de los cachorros procedentes del núcleo zoológico tampoco aparecía identificado el veterinario responsable de las vacunaciones.
SEPRONA también inspeccionó dos distribuidoras de medicamentos veterinarios de la provincia de Zaragoza. Los responsables de estas empresas manifestaron no haber realizado ninguna venta de productos al centro canino ni a sus representantes.
Conclusiones de la investigación
La investigación permitió constatar que los tratamientos veterinarios reflejados en las cartillas sanitarias y pasaportes intervenidos no fueron suministrados por un veterinario colegiado. Además, no existían las facturas de compra de las vacunas registradas en la documentación.
Los nueve investigados incluyen dos veterinarios, tres criadores de perros, tres gerentes de distribuidoras de medicamentos y un responsable de un establecimiento de venta de animales. Las dos empresas distribuidoras de medicamentos veterinarios también enfrentan imputaciones por los mismos delitos.
Fuentes utilizadas: "Europa Press" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
