Solo una de cada nueve personas migrantes o racializadas en España se atreve a interponer una denuncia cuando sufre delitos o vulneraciones de derechos fundamentales. El miedo a las represalias, la desconfianza en las instituciones y la falta de información figuran entre los principales obstáculos, según revela el informe «Denuncia In-Segura» elaborado por la Red Acoge. El estudio se presenta este jueves en la Facultad de Derecho de València, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la UV.
El informe analiza el estado actual de esta situación y propone mecanismos para proteger a las víctimas y combatir la impunidad. La entidad Valencia Acull ha informado que Red Acoge desarrolló el trabajo con una metodología cualitativa en la que participaron 120 personas migrantes que sufrieron delitos o vulneración de derechos y 74 profesionales de distintos perfiles. Red Acoge realizó el trabajo de campo en once ciudades: Barcelona, Burgos, Córdoba, Elche, Guadalajara, Logroño, Lucena, Madrid, Murcia, Salamanca y València.
Testimonios de las víctimas
Los relatos recogidos en el estudio reflejan situaciones dramáticas. «Fui a que me tomaran declaración como víctima, pero terminé detenido (...) porque yo estaba indocumentado», señala uno de los testimonios. Otro añade: «Hay que enfrentarse muchas veces a burlas dentro de la comisaría, de infantilización o desprecio». Una tercera víctima relata: «Ella (refiriéndose a su empleadora) me decía 'si tú me denuncias, no te van a creer porque es que tú viniste, tú estás aquí ilegal'».
El informe identifica múltiples barreras que enfrentan las víctimas. Las personas temen que la denuncia repercuta en otros procesos administrativos y no reciben respaldo ni asistencia legal. Además, experimentan miedo a represalias de quienes las agreden.
La situación empeora por la ausencia de protocolos específicos y las malas praxis en la recogida de la denuncia. El proceso resulta complejo y lento. La precariedad en las condiciones de vida de las víctimas se suma al miedo a que las autoridades no las crean.
Exigencias de las víctimas
Las personas afectadas reclaman su derecho a recibir un trato respetuoso y no discriminatorio por parte de las autoridades y funcionarios que reciben las denuncias. También demandan que las autoridades les faciliten información comprensible del procedimiento, incluida la traducción a su idioma. Las víctimas exigen que las autoridades las protejan frente a posibles represalias de la persona o instituciones denunciadas.
En este sentido, el estudio exige modificar la ley de Extranjería para garantizar que las autoridades no sancionen a las víctimas en situación administrativa irregular de cualquier tipo de delito con multas o expulsión cuando acudan a denunciar.
Problemas estructurales
Según el informe, todas estas barreras son consecuencia de tres problemas estructurales interrelacionados que afectan todo el sistema de justicia: la falta de garantías en la protección de los derechos de las víctimas, la Ley de extranjería y el racismo y la discriminación.
El estudio subraya que esta situación no solo genera impunidad y un grave problema de infradenuncia, sino que también produce efectos psicosociales e intergeneracionales profundos. Las víctimas experimentan miedo, dolor, indefensión, desconcierto y ansiedad. También sufren rabia, vergüenza, cansancio, impotencia y deshumanización.
El trabajo incide en la urgencia de transformar los procedimientos, las actitudes, los espacios, los lenguajes y las estructuras que sostienen la impunidad. Entre las propuestas figuran valorar las redes personales y comunitarias, fomentar espacios de encuentro y apoyo mutuo, incorporar a profesionales migrantes y racializadas en los procesos de acompañamiento e incorporar formación y perspectiva antirracista en el acompañamiento e intervención.
Cambios normativos necesarios
El informe plantea modificar la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, de modo que proteja a todas las víctimas de cualquier delito. La modificación debe garantizar que las autoridades no abrirán expediente sancionador por estancia irregular a personas sin autorizaciones de residencia y/o trabajo que fueron víctimas.
También resulta imprescindible realizar modificaciones en los procedimientos para la protección de las víctimas. Las modificaciones incluyen la interposición de denuncia sin exposición de la situación administrativa y sin riesgo de expediente de multa o expulsión, protección de datos y cortafuegos, y el desarrollo de la denuncia por terceros interpuestos.
El estudio propone además contar con las organizaciones sociales como espacios seguros de acompañamiento, asegurar la traducción e interpretación, y explorar otras vías como la mediación y justicia restaurativa.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
