La Generalitat Valenciana ha denunciado que el reparto de menores migrantes no acompañados propuesto por el Gobierno central constituye "un chantaje institucional disfrazado de solidaridad". La administración autonómica ha subrayado que la Comunitat Valenciana "ya no puede más" y opera "de forma constante al 160 por ciento de su capacidad específica, sin apoyo del Gobierno central".
Fuentes de la Generalitat han criticado este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) "no pretende solucionar el problema de la inmigración ni la crisis humanitaria de Canarias". Según estas fuentes, el Gobierno busca "mercadear con los menores no acompañados para seguir resistiendo en el momento de más debilidad de un gobierno centrado en la corrupción que les rodea".
Cataluña y País Vasco quedan exentos
La administración valenciana ha denunciado que el reparto propuesto deja a Cataluña y País Vasco "con cero menores asignados". Según la Generalitat, esto demuestra que "Pedro Sánchez usa a los menores como moneda de cambio para mantener sus apoyos parlamentarios y contentar a Cataluña y País Vasco".
Las fuentes autonómicas han calificado la medida como "una nueva huida hacia adelante del Gobierno de Sánchez ante su constatada incapacidad de gestión de una crisis migratoria que dura demasiados años". Han añadido que se trata de un sistema "sin criterios claros, sin transparencia, y donde solo cuenta como esfuerzo el que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa".
Valencia atiende a 900 menores en 2024
La Comunitat Valenciana ha atendido a más de 900 menores no acompañados durante 2024, según datos de la Generalitat. El territorio ha creado 122 nuevas plazas residenciales para hacer frente a la crisis migratoria, lo que supone un aumento del 66% en su sistema de atención.
La administración autonómica invierte más de 23 millones de euros al año en el sistema de protección para menores migrantes, con un coste aproximado de 218 euros por menor por día. En contraste, el Gobierno central "solo aporta 1,2 millones de euros a la Comunitat", según han denunciado.
Financiación insuficiente del Estado
El nuevo reparto pretende asignar 571 menores más a Valencia, ofreciendo a cambio apenas 7,5 millones de euros. Esto supone 35 euros al día por menor, frente a los 218 euros que cuesta realmente cada menor en el sistema valenciano, "apenas el 16% del coste real", han calculado desde la Generalitat.
La administración autonómica ha criticado que los responsables que "no pagan el FLA extraordinario" y "castigan a la Comunitat Valenciana a seguir siendo la peor financiada" pretendan ahora "que se destroce el sistema de protección de menores". Según la Generalitat, esto se hace "sin la financiación, sin el personal y sin las infraestructuras necesarias para darle a los menores la dignidad que merecen".
Recurso ante el Constitucional
La Comunitat Valenciana ha recurrido el Real Decreto-Ley que contempla el reparto de menores ante el Tribunal Constitucional. El recurso alega que la norma invade "las competencias exclusivas en materia de protección de menores con un reparto que se considera forzoso".
Desde la Generalitat argumentan que "no existe la urgencia excepcional que justifique este procedimiento legislativo de urgencia", ya que "la crisis migratoria se inició en 2023". Han añadido que "la protección de la infancia no puede regirse por cuotas impuestas con el único objetivo de la permanencia de Sánchez en la Moncloa".
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
