La Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Comunitat Valenciana ha mostrado su oposición "frontal" al "reparto forzoso de menores no acompañados planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez". Las fuentes autonómicas han sostenido que los menores "no son moneda de cambio".
La Conselleria ha defendido que la convocatoria de la Conferencia Sectorial "vulnera las propias normas de funcionamiento, ya que el orden del día fue rechazado por mayoría en la Comisión previa". Ha calificado el reparto propuesto por el Ejecutivo central como "un traje a medida para contentar a sus socios".
Cataluña y País Vasco exentos
Servicios Sociales ha criticado que "Cataluña y País Vasco no reciben ni un menor, mientras a la Comunitat Valenciana le imponen 571 nuevos ingresos". Según la Generalitat, se trata de "un reparto diseñado solo para sostener los apoyos parlamentarios del PSOE, sin consenso, sin criterios claros y sin respeto al principio de igualdad territorial".
La Conselleria ha recalcado que los menores "no pueden ser utilizados como escudo político ni como coartada para tapar la corrupción del PSOE ni para sostener a Sánchez en la Moncloa". Ha afirmado que la Comunitat Valenciana "ya acoge y protege a los menores migrantes con rigor y humanidad, pero no aceptamos ser parte de un mercadeo político".
Sistema valenciano al límite
Servicios Sociales ha acusado al Gobierno de España de no tener política migratoria y considera que "pretende trasladar a las comunidades el coste de su desidia". La autonomía valenciana ha "aumentado un 66% las plazas de atención y atendido en 2024 a más de 900 menores, con una sobreocupación del 160%".
"El sistema valenciano está al límite y la llegada forzada de más menores sin recursos nos aboca a un colapso", han denunciado las fuentes. El coste real por menor es de 218 euros diarios, mientras que el Estado solo propone financiación durante tres meses, sin indicar las edades ni el tiempo de estancia.
Recurso al Constitucional
La Generalitat ha exigido al Gobierno que "garantice la determinación efectiva de la edad antes de cualquier traslado", ya que "no puede admitirse un sistema que incentive el fraude". También considera que el anuncio del reparto "es un potente efecto llamada" y "agrava la crisis migratoria".
La Generalitat Valenciana ha recurrido el Real Decreto-Ley 2/2025 ante el Tribunal Constitucional por "invadir competencias autonómicas exclusivas en materia de protección de menores". "La Comunitat Valenciana sí es solidaria, sí protege y sí atiende a los menores migrantes, pero no aceptará un modelo ineficaz, injusto y desequilibrado que pone en riesgo el sistema y la dignidad de los menores", han zanjado las fuentes.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
