Las víctimas de abusos sexuales en contextos eclesiásticos ven "cerca" un acuerdo entre el Gobierno español y la Iglesia Católica para crear una comisión mixta de reparación y reconocimiento. Así lo manifestaron este martes tras reunirse con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aunque advierten que "no pueden esperar más". Un total de 22 representantes de asociaciones de víctimas participaron en el encuentro.
Manuel Barbero, fundador de la Asociación Mans Petites y padre de una víctima en el caso Maristas, explicó a Europa Press que el Gobierno trabaja en el acuerdo. «Lo que ha venido a decir el Gobierno es decir que están trabajando en ello, que ha sido difícil y que se ha entorpecido mucho con la muerte del Papa Francisco y han tenido que volver a retomar las negociaciones con Vaticano y con la propia Iglesia, y que creen que el fin está cerca de firmar ese acuerdo», señaló. El objetivo es alcanzar un pacto antes de finalizar el año.
Las críticas a la Iglesia fueron contundentes. Barbero calificó la situación como «de vergüenza» y denunció que el Plan Priva, impulsado por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, es «una tomadura de pelo». Acusó a la Iglesia de «amedrentar a víctimas para que firmen indemnizaciones irrisorias y sin reconocimiento alguno, incluso con documentos de confidencialidad».
Insistencia en una comisión mixta
Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada, describió el encuentro como «razonablemente satisfactorio». Destacó «el nivel de empatía y cordialidad» de Bolaños, «a diferencia de la Iglesia». El portavoz añadió: «Queremos trabajar en equipo para poder lograr que se cree un órgano mixto de atención a las víctimas, y si esto no es posible, que de una vez por todas, porque hay víctimas que ya no pueden esperar más, se cree un órgano de atención para que puedan ser reconocidas».
Barbero insistió en que la comisión no puede ser unilateral. «El Gobierno sí o sí quiere que la Iglesia esté, y yo, como asociación, no puedo pedir otra cosa. Quiero que la Iglesia esté, porque quien tiene que reconocer no es el gobierno, quien tiene que reconocer es la propia Iglesia», afirmó a Europa Press.
Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, exigió que los obispos y las órdenes religiosas financien «íntegramente» un «mecanismo estatal extrajudicial de compensación para las víctimas de pederastia en la Iglesia». Subrayó que debe pagarlo la Iglesia, «no el contribuyente», y pidió leyes de imprescriptibilidad penal y civil.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
