El fiscal general de Washington, Brian Schwalb, presentó una demanda este viernes para impugnar la legalidad de la intervención federal sobre la policía metropolitana de la capital. La acción judicial busca revertir el control federal implementado por la administración Trump el pasado lunes, que afecta a los 700.000 residentes del Distrito de Columbia.
La administración Trump ejecutó una medida sin precedentes al tomar el control de la policía metropolitana de Washington D.C., justificando la intervención en la supuesta necesidad de responder a amenazas de «bandas violentas y criminales sanguinarios». La acción se amparó en la cláusula 740 de la Home Rule Act del Distrito de Columbia.
Reacción judicial inmediata
Schwalb describió las medidas como un «control hostil» de la policía local y una «afrenta a la dignidad y la independencia» de los residentes de la capital. El funcionario calificó las acciones como «claramente ilegales» en una declaración a través de la red social X, marcando el inicio de un tenso enfrentamiento legal entre las autoridades locales y federales.
La demanda representa la primera respuesta judicial formal contra la intervención federal, que constituye una medida extraordinaria en la relación entre Washington D.C. y el gobierno federal. El caso podría establecer precedentes importantes sobre los límites del poder federal en jurisdicciones locales.
Operación federal detallada
Como informa La Voz de Galicia, la fiscal general estadounidense Pam Bondi firmó personalmente una orden nombrando al director de la DEA, Terry Cole, como comisionado de emergencia. La intervención incluyó el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional como parte de la operación federal coordinada.
La directiva federal efectivamente relegó a la actual jefa de policía, Pamela Smith, quien ahora requiere aprobación federal para sus actividades. Según La Voz de Galicia, la orden también cancela las protecciones de ciudad santuario y exige cooperación con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Marco legal especial
A diferencia de los 50 estados estadounidenses, Washington D.C. opera bajo una relación especial con el gobierno federal que limita su autonomía desde la implementación de la Home Rule Act en 1973. La legislación que regula el control policial en el Distrito establece protocolos específicos para la intervención federal.
Como señala La Razón, después de un período inicial de 48 horas, cualquier extensión del control federal requiere una justificación formal por escrito ante el Congreso. Trump declaró el miércoles su intención de extender el control federal más allá de los marcos temporales legalmente estipulados, según La Voz de Galicia.
Fuentes utilizadas: "EuroPress", "La Voz de Galicia", "La Razón" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
