El Consejo de Ministros de España aprobó este martes un informe revisado sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que incluye 100 metas para la próxima década. La medida más destacada es la implementación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales para todas las familias con hijos menores de 18 años, una iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que marca un hito histórico al incluir por primera vez este beneficio como derecho en una estrategia estatal.
La prestación alcanzaría al 100% de las familias con hijos hasta los 18 años. Según el Ministerio, la estrategia busca «reducir la pobreza y la desigualdad, e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos» y tiene como objetivo «acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030».
Un estudio de UNICEF publicado en noviembre de 2025 titulado 'El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil' respalda la medida con datos concretos. El análisis concluye que una prestación de 200 euros mensuales podría reducir la pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales, sacando a más de 500.000 niños de la pobreza. Una prestación de 100 euros levantaría a 270.000 niños de esta situación.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expresó en rueda de prensa su confianza en que la prestación «vea la luz cuanto antes» y aseguró que «su impacto será extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española».
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha defendido repetidamente esta medida, destacó que los recursos para su implementación gradual están disponibles. Rego argumentó que «la pobreza infantil tiene un coste de casi 65.000 millones de euros y erradicarla supondría entre 11.000 y 15.000 (millones)».
Otras metas de la estrategia
La hoja de ruta establece objetivos ambiciosos en múltiples áreas. En igualdad de género, plantea reducir la brecha salarial en un 10% y disminuir los contratos a tiempo parcial de mujeres al 55% en relación a los hombres. También busca aumentar la tasa de actividad femenina en un 5%.
En educación, la estrategia fija como meta reducir el abandono escolar temprano al 9%, con atención especial a grupos vulnerables. Para personas con discapacidad, propone incrementar en un 50% el acceso a educación superior y formación técnica avanzada, priorizando a mujeres con discapacidad.
El gobierno también se compromete a triplicar la inversión en vivienda pública hasta alcanzar 7.000 millones de euros en cuatro años, con el objetivo de llegar al 5% de vivienda social en alquiler. Además, plantea incorporar hasta el 10% de los alojamientos turísticos actuales al mercado de alquiler.
La estrategia reemplaza la anterior vigente entre 2020 y 2025 y fue desarrollada mediante un proceso colaborativo con todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil, academia y sector privado. Sin embargo, las medidas incluidas aún no cuentan con presupuesto asignado, que deberá definirse con su aprobación definitiva.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
