El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado un recurso de Airbnb sobre 34.728 anuncios ilegales de pisos turísticos, confirmando las actuaciones del Ministerio de Consumo. Este pronunciamiento judicial supone el segundo varapalo para la plataforma en su enfrentamiento con las autoridades españolas.
La decisión llega después de que Airbnb eliminara en julio los 65.000 anuncios que no cumplían con la normativa, pero mantuvo abierta la vía judicial. Como informa eldiario.es, la compañía había recurrido esta segunda tanda de 34.000 anuncios tras perder el primer recurso sobre 5.800 viviendas.
Expediente sancionador continúa
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, abrió en diciembre un expediente sancionador contra la plataforma por negarse inicialmente a retirar los anuncios ilegales. Esta práctica constituye una infracción grave con sanciones de hasta 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
El proceso sancionador continúa pese a que Airbnb retiró los anuncios en junio tras un pacto con el Ministerio de Vivienda. Como señala La Razón, desde Consumo trasladaron que la retirada había sido «instada por los tribunales» y no afectaba a los procedimientos abiertos por «hechos anteriores».
Infracciones detectadas
La Dirección General de Consumo identificó tres supuestas ilegalidades principales en los anuncios. Las más comunes eran no incluir el número de licencia o registro, incorporar números que no correspondían con los expedidos por las autoridades, y no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores.
Como informa Cinco Días, desde julio unos 70.000 anuncios adicionales de Airbnb muestran ahora números de registro tras iniciarse la colaboración. La Razón añade que Consumo ha abierto expedientes separados contra empresas gestoras que se hacían pasar por particulares.
Lucha contra la crisis habitacional
Esta práctica de empresas profesionales que se disfrazan de particulares les permite evitar obligaciones de atención al cliente y requisitos de protección al consumidor. Según Cinco Días, este engaño puede inducir a error respecto a los derechos de quien contrata el servicio.
Desde Consumo celebran que «la justicia vuelve a respaldar» sus resoluciones y defienden que estas actuaciones contribuyen a «atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país». El ministerio mantiene su objetivo de regular las plataformas digitales para proteger el mercado de vivienda.
Fuentes utilizadas: "EuroPress", "eldiario.es", "Cinco Días", "La Razón" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
