La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la Ley de Amnistía tras las críticas de la Comisión Europea, que este martes puso en duda que la norma responda al interés general. Alegría ha subrayado que ambas instituciones coinciden en que la ley no afecta a los intereses financieros de la UE ni contraviene la directiva contra el terrorismo.
La respuesta de la portavoz llegó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El abogado que representa al Ejecutivo comunitario había defendido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la amnistía forma parte de un acuerdo político para lograr la investidura de Pedro Sánchez (PSOE).
Críticas por la tramitación urgente
El representante europeo señaló que la tramitación por la vía de urgencia ha profundizado la división en la clase política, las instituciones y la sociedad española. Sin embargo, defendió que la amnistía "no permite o dificulta" determinar si el procés socavó los intereses financieros de la UE.
Alegría ha reiterado que Gobierno y Comisión Europea "coinciden en que no afecta" a dichos intereses. La portavoz también ha defendido que tanto la Comisión de Venecia como el Tribunal Constitucional consideran que la Amnistía responde a un "fin legítimo".
Posición del abogado europeo
El abogado de la Comisión, Carlos Urraca Caviedes, había expuesto previamente su posición durante la vista celebrada en el TJUE en Luxemburgo. "No parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", indicó.
Urraca Caviedes también criticó que las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Según el abogado, debería haberse tomado el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo de reconciliación.
Caso del Tribunal de Cuentas
La vista abordaba la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que debe decidir sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas. El caso se centra en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y apoyar la acción exterior del procés.
Bruselas ha planteado que ciertas disposiciones de la ley puedan impedir al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión. En particular, cuestiona si se puede verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal.
Defensa de los servicios legales
Los servicios legales del Ejecutivo descartan que haya un "vínculo suficiente" entre las ilegalidades amnistiadas y una afectación de los intereses financieros. Argumentan que no existe conexión con la eventual reducción de la renta nacional bruta de España y la contribución del país al presupuesto de la Unión en caso de secesión.
Alegría ha sido interrogada una segunda vez sobre este asunto y ha mantenido su posición. Ha asegurado que la Comisión Europea está de acuerdo con el Gobierno de España en dos aspectos "nucleares": no se vieron afectados los intereses financieros de la UE y la amnistía no contraviene la directiva contra el terrorismo.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
