El Consejo de Ministros aprobó el martes el Real Decreto 743/2025 que establece un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados con una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
El texto asigna a Andalucía la cifra más elevada de España con 2.827 plazas, seguida de Cataluña con 2.650 y Madrid con 2.325.
La Junta de Andalucía respondió tachando este reparto de «absolutamente sectario, poco realista y muy político». El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, aseguró que Andalucía «es un ejemplo de solidaridad desde hace muchos años», por lo que «nadie nos tiene que dar una lección».
Sanz criticó que Cataluña y País Vasco no tengan que afrontar la acogida «porque tienen pactos políticos para mantener en el sillón» al presidente del Gobierno. Destacó que el nivel de cobertura de menores migrantes en la región «casi está al 100%» de su capacidad actual.
Sistema saturado
La consejera de Inclusión Social, Loles López, anunció que la Junta «va a estudiar jurídicamente» si recurre el Real Decreto porque el sistema andaluz «está ya muy saturado». López lamentó que el Gobierno aprobó la norma «por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia».
Como ejemplo de saturación, López aludió a «los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha metido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad». Según La Razón, estos menores fueron colocados sin que el Gobierno central quiera «saber absolutamente nada» y el Gobierno andaluz los atiende «a pleno pulmón».
López advirtió que el reparto «reventará el sistema andaluz, que ya se encuentra colapsado, poniendo en peligro a los menores». El Gobierno andaluz considera que esta medida prioriza «intereses políticos sobre el interés de los menores».
Amenazas gubernamentales
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, defendió que el Ejecutivo sigue «criterios objetivos» para dar «una atención digna y humanitaria» a los menores migrantes. Señaló que «es falso que la fórmula aplicada sea diferente por comunidades autónomas».
El ministro Ángel Víctor Torres amenazó con intervención de la Fiscalía y fuerzas de seguridad contra las regiones que se nieguen al cumplimiento. Como informa El Periódico, Torres realizó una comparación controvertida cuestionando por qué los menores ucranianos fueron acogidos mientras los africanos enfrentan recursos al Tribunal Constitucional.
El decreto permite a Canarias, Ceuta y Melilla solicitar estatus de contingencia migratoria. Ceuta se convirtió en la primera comunidad del PP en solicitar este estatus con más de 500 menores frente a solo 27 plazas de capacidad ordinaria.
Rebelión autonómica generalizada
Múltiples comunidades autónomas gobernadas por el PP han presentado recursos legales contra el decreto tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Supremo. Esta resistencia legal se extiende más allá de Andalucía como parte de una estrategia coordinada.
El decreto entró en vigor este jueves creando un nuevo frente de confrontación entre el Estado y las autonomías del PP. El Gobierno central creó un fondo específico de 100 millones de euros para implementar la redistribución obligatoria.
Fuentes utilizadas: "EuroPress", "La Razón", "El Periódico" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
