El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Ministerio del Interior información sobre los viajes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez. El magistrado ha pedido los datos de desplazamientos a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia desde el 16 de julio de 2018 hasta la actualidad. La medida se produce tras la negativa de las investigadas a entregar sus pasaportes y su escasa colaboración con la Administración de Justicia.
El auto judicial, recogido por Europa Press, ordena también a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que remita los correos electrónicos de la cuenta asignada a Begoña Gómez desde julio de 2018. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil será la encargada de analizar estos correos. Ambas instituciones tienen un plazo máximo de 10 días para aportar la información solicitada.
La investigación por cinco delitos
Begoña Gómez está siendo investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. El juez ha dirigido la solicitud de información de viajes específicamente a la Oficina Nacional de Información del Pasajero, dependiente del Ministerio del Interior.
El magistrado justifica las nuevas diligencias por «la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas, en total ejercicio de sus derechos fundamentales, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de Begoña Gómez, que lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado», según el auto.
Colaboración limitada y medidas proporcionadas
El juez señala que Pedro Sánchez, como esposo de la investigada y presidente del Gobierno, también se acogió a la dispensa cuando tuvo la oportunidad de colaborar en la investigación. Peinado reconoce que esta «postura totalmente legítima» de las investigadas y del presidente ha hecho necesarias otras vías de investigación.
El magistrado subraya que la negativa a facilitar los pasaportes «conduce a que se haya de acudirse a otras vías de investigación, como la práctica de las diligencias que ahora se acuerdan, convirtiendo las mismas en necesarias, e idóneas». El juez descarta medidas más invasivas como «la entrada y registro de los domicilios de las investigadas», que considera «desproporcionada».
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
