El Gobierno de España ha presentado este lunes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid contra la Comunidad de Madrid por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al aborto. El presidente Pedro Sánchez ha denunciado que la región deriva más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas y ha acusado al ejecutivo regional de convertir un derecho esencial en un negocio.
La acción legal responde al incumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva, que obliga a todas las comunidades autónomas a establecer un registro confidencial de profesionales sanitarios que se declaren objetores. El Ministerio de Sanidad envió el pasado 14 de octubre un requerimiento a Madrid, Aragón y Baleares con un plazo de un mes para cumplir la norma. Mientras que Aragón y Baleares comunicaron de inmediato el inicio de los trámites, Madrid ha ignorado repetidamente la exigencia.
Críticas del Gobierno central
Sánchez anunció la decisión en la red social X: «La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid».
El Gobierno ha subrayado en un comunicado que la negativa de Madrid «atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones». El Ejecutivo ha advertido que «seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley».
Desafío de la Comunidad de Madrid
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya había declarado su rebeldía contra el mandato del Gobierno central. Hace un mes, durante una intervención en la Asamblea de Madrid, espetó: «Váyanse a otro lado a abortar».
La consejera de Salud de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, defendió la posición del ejecutivo regional: «Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie».
Objetivo del registro
El registro de objetores tiene como finalidad permitir que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso al aborto sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que incluye a todas las comunidades autónomas, aprobó por unanimidad el protocolo para la creación del registro, un acuerdo de obligado cumplimiento.
Esta no es la primera vez que el Gobierno recurre a los tribunales contra ejecutivos regionales del PP. A comienzos de noviembre presentó acciones legales contra varias comunidades por boicotear la entrega de datos sobre detección temprana de cáncer.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
