El Partido Popular ha ultimado su plan de regeneración democrática, que prevé aplicar si alcanza el gobierno. La propuesta central establece el cese automático del Fiscal General del Estado si es procesado judicialmente. El plan también exige que el Consejo General del Poder Judicial apruebe el nombramiento del Fiscal General, quitando esa potestad exclusiva al Ejecutivo.
La presentación del plan coincide con el inicio del juicio histórico contra el actual Fiscal General, Álvaro García Ortiz. García Ortiz enfrenta un proceso por presunta revelación de secretos relacionados con la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El PP posiciona estas medidas como respuesta a lo que considera una "colonización" institucional durante los siete años de gobierno de Pedro Sánchez.
Más de 60 medidas contra la "erosión institucional"
El documento incluye más de 60 propuestas desarrolladas durante el verano bajo coordinación de Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional. Entre las medidas destacan la recuperación del delito de sedición, la anulación de la reforma de malversación y la tipificación del referéndum ilegal como delito. El plan también limita el uso del decreto-ley, regula el Debate del Estado de la Nación y crea una Oficina de Calidad Democrática.
Alberto Núñez Feijóo se compromete a implementar estas reformas durante los primeros cien días de gobierno. El líder del PP ya había publicado un plan similar en Cádiz en enero de 2023. Fuentes del partido describen el documento como "prácticamente listo" y lo presentan como pilar fundamental de su proyecto político.
El PP defiende su plan como una "alternativa" que respeta el Estado de Derecho frente a lo que considera "ataques" y "erosión" institucional. Las propuestas buscan recuperar el prestigio de organismos como el CIS, el INE, el CNI y RTVE, estableciendo requisitos de idoneidad para sus responsables.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
