El Gobierno español aprobó este martes una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que transfiere la investigación de casos penales de los jueces a los fiscales. La modificación, que entrará en vigor en 2028, también regula las acusaciones populares e impedirá que sindicatos y partidos políticos actúen como acusadores en procesos judiciales.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la nueva normativa para «despejar bulos» sobre su alcance real. La ley de 143 años de antigüedad cambiará el término "instrucción" por "investigación penal" y establecerá que las decisiones de los fiscales estarán sujetas a la supervisión de un juez de garantías.
Aplicación solo para casos futuros
Bolaños subrayó que la reforma «afectará a todas las causas que se incoen a partir de 1 de enero de 2028, es decir, no afecta en nada a ninguna de las causas que hoy están llevándose». El ministro aseguró que «será aplicada por el fiscal general que decida el Gobierno que salga de las urnas en 2027» y descartó que Álvaro García Ortiz pueda continuar como fiscal general del Estado en 2028.
El juez de garantías tendrá la potestad de confirmar o revocar las decisiones adoptadas por los fiscales durante sus investigaciones. Bolaños explicó que el nuevo sistema será más ágil, ya que «no todas las resoluciones del fiscal serán recurribles, que es lo que pasa ahora».
La propuesta se enviará al Congreso para iniciar el proceso parlamentario. Esta será la primera modificación sustancial de la "Lecrim" que llega a las Cortes para su tramitación desde su creación hace más de un siglo.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
