El Gobierno español ha aprobado este martes un Real Decreto Ley que establece ayudas económicas inmediatas para las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida. La medida fija una indemnización máxima de 216.000 euros por cada fallecido y forma parte de un paquete total de 20 millones de euros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, estima que las víctimas podrán recibir los pagos en un plazo de tres meses.
La estructura de compensación combina tres componentes por cada fallecido: 72.000 euros del seguro de responsabilidad civil, otros 72.000 euros del seguro obligatorio y 72.000 euros adicionales como contribución extraordinaria del Gobierno «a fondo perdido». Las víctimas recibirán el pago en una única entrega y estará exento de impuestos.
Para las personas heridas en ambos incidentes, la compensación varía entre 2.400 euros en casos de lesiones leves y hasta 84.000 euros en los supuestos de máxima gravedad. Los afectados podrán reclamar un pago único por el triple del importe que les corresponde, bien como anticipo o como fondo no reembolsable.
Contraste con Angrois
La nueva normativa busca evitar que las víctimas tengan que esperar años para recibir indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente del Alvia en Angrois en julio de 2013, que dejó 80 muertos y 143 heridos bajo el gobierno de Mariano Rajoy. «No vamos a consentir lo que pasó en Angrois», declaró Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro subrayó que «sabemos que los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta». Añadió: «No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una indemnización». Puente enfatizó que «la incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional».
Tensión con el CIAF
Durante la comparecencia, Puente también abordó las declaraciones del presidente del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, quien expresó sorpresa sobre la renovación de la línea ferroviaria. El ministro respondió: «A mí me produce sorpresa que se manifieste sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado».
Barrón había afirmado que «todos creíamos que se había hecho una remodelación integral» y solicitó un informe a Adif para entender «por qué unos tramos» fueron renovados «y otros no». Puente defendió que «la no renovación de algún tramo de vía» «es intrascendente para la seguridad», aunque señaló que no entrará «[...] en ningún debate con el presidente de la CIAF».
El ministro detalló que Adif comprobó una a una las soldaduras de ese tramo «con ultrasonidos, con líquidos», y que después los técnicos hicieron «una prueba de ultrasonidos aleatoria a los 6 días sobre el 30% del total siguiendo los procedimientos».
La investigación determinará «si es que ha habido algún error, qué se ha cometido, si no se ha sabido detectar».
Renovación acelerada
El Gobierno ha adelantado a 2026 la renovación de la línea Madrid-Barcelona, «empezando por el tramo Madrid-Calatayud». Puente justificó la medida: «no queremos que la vía se deteriore más». El objetivo es alcanzar una velocidad máxima de 350 km/h. «Es una línea diseñada para esa velocidad, se diseñó así», precisó.
La ministra portavoz, Elma Sáiz, anunció que «será la vicepresidenta primera del Gobierno (María Jesús Montero) quien acompañará a sus majestades los Reyes, además de otros miembros del Ejecutivo [...]» en el funeral de Huelva. El Gobierno estudia extender el sistema de anticipos a futuras víctimas de accidentes de transporte colectivo.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
