El Tribunal Supremo concluyó esta semana el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar un email sobre el caso fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Siete magistrados deben ahora decidir si lo absuelven o condenan por revelación de secretos, con penas que van desde la absolución hasta seis años de prisión, 12 años de inhabilitación y más de 400.000 euros en multas e indemnizaciones.
Las acusaciones piden entre tres y seis años de cárcel para García Ortiz. La acusación particular de González Amador solicita cuatro años de prisión, tres de inhabilitación y 300.000 euros por daños morales. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) exige la pena máxima de seis años por prevaricación, además de revelación de secretos. El abogado Gabriel Rodríguez argumentó que existe «prueba directa» de la filtración y que buscaba crear un «relato institucional de culpabilidad».
Defensa alega falta de pruebas
La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden la absolución. El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, afirmó: «El señor fiscal general de Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí». La defensa invoca el principio de "duda razonable", citando jurisprudencia del Supremo que exige poder «descartar con seguridad que los hechos hayan tenido lugar de una manera diferente y más favorable al acusado». Argumentan que el email estaba accesible a «otras 500 personas más» y que cinco periodistas negaron que García Ortiz fuera su fuente.
El caso gira en torno a la filtración de un email del 13 de marzo de 2024, donde el abogado de González Amador reconocía dos delitos fiscales y ofrecía pagar una multa para evitar prisión. La información fue publicada en medios al día siguiente. Las acusaciones sostienen que García Ortiz es la «única explicación razonable» de la filtración y que buscaba dar «cobertura legal» a la nota de prensa posterior de la Fiscalía.
Controversia por borrado de mensajes
El juicio reveló que García Ortiz borró todos sus mensajes el 16 de octubre de 2024, día en que el Supremo asumió el caso contra él, y reinició su teléfono siete días después. La UCO encontró «cero» mensajes de las fechas relevantes en sus dispositivos. Las acusaciones ven esto como un «indicio más» de culpabilidad. La defensa argumenta que fue «aparte de legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa» y respondía a «recomendaciones europeas» de protección de datos. García Ortiz calificó el registro de sus oficinas como «grave y doloroso» para él y «toda la Fiscalía española».
La magistrada Susana Polo será la ponente de la sentencia, que revisará después la Sala completa. El tribunal tiene mayoría conservadora (cinco magistrados frente a dos progresistas). La decisión se espera antes del juicio a González Amador por fraude fiscal.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
