Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2021 en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha reconocido el derecho de una mujer de 39 años a recibir una indemnización de casi 100.000 euros tras sufrir graves daños durante el parto de su segundo hijo. Según han informado fuentes del Defensor del Paciente a Europa Press, la administración sanitaria ha admitido que la atención fue "negligente" y causó un "daño de extraordinaria gravedad". La mujer sufrió la pérdida irreversible del útero, lesiones en la vejiga y el uréter, infecciones recurrentes y dolor pélvico crónico.
Uso inadecuado de medicamento contraindicado
Los problemas comenzaron cuando la mujer fue sometida a una inducción al parto con 'prostaglandina Propess' en la semana 37 de gestación. Este fármaco está "contraindicado o altamente restringido" en pacientes con antecedente de cesárea previa, según explica la Asociación El Defensor del Paciente.
La situación se agravó cuando se suspendió la monitorización fetal durante casi tres horas, un procedimiento "obligatorio y fundamental para detectar complicaciones". Esta ausencia de vigilancia permitió que se desencadenara una rotura uterina progresiva sin ser detectada.
Complicaciones quirúrgicas en cadena
La rotura uterina derivó en una hemorragia masiva que obligó a practicar una histerectomía de urgencia, causando esterilidad irreversible a la paciente. Durante la intervención quirúrgica, la mujer sufrió además una rotura de vejiga.
Al no comprobarse adecuadamente la integridad de los uréteres, se provocó una lesión en el uréter izquierdo. Este daño adicional obligó a una nueva cirugía y al uso de sonda y nefrostomía durante meses, además de generar dolor crónico persistente.
Reconocimiento oficial de negligencia médica
El expediente administrativo de la Consejería de Sanidad ha reconocido que la actuación médica incumplió "de forma flagrante" los protocolos clínicos y la 'lex artis'. La administración señala como "determinante" la ausencia de vigilancia durante el procedimiento.
Sanidad también ha admitido que la afectada "nunca" fue informada de los riesgos reales del procedimiento, vulnerando así su derecho a la información y a la libre decisión. Por este motivo, se ha reconocido un daño moral independiente valorado en 5.000 euros adicionales.
(Europa Press) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
