Dos expertos han sacudido este lunes la comisión parlamentaria que investiga la DANA que causó 230 muertes en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Un ingeniero de Caminos ha afirmado que el desastre era "totalmente previsible" y que la alerta pudo emitirse a las 9 de la mañana, mientras un catedrático de Derecho Civil ha señalado al Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska como responsable de declarar la emergencia nacional. Ambos testimonios ante Les Corts han desatado una tormenta política entre los partidos.
Teodoro Velázquez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ha sido contundente en su comparecencia. Ha asegurado que con los datos disponibles a las 7:36 de la mañana del día de la tragedia, cuando se registraron 180 litros por metro cuadrado de precipitación, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ministerio para la Transición Ecológica ya sabían que se produciría una avenida próxima al periodo de retorno de 500 años. Esto implicaba 128 kilómetros cuadrados de inundación en el Bajo Turia con cuatro metros de altura de agua.
El ingeniero ha pronunciado una frase devastadora: «A las cinco de la tarde, las personas estaban sentenciadas a muerte, a las seis, a las siete y a las ocho». Ha explicado que el actual sistema automático de información hidrológica (SAIH) es inadecuado como sistema de alerta temprana porque la velocidad de transmisión de datos no coincide con la velocidad del flujo del agua. «Tener el dato de que están pasando 1.500 m3/s no me vale de nada, ese dato hasta 20 minutos después no llega donde tiene que llegar con la rapidez que llega el agua», ha señalado.
Velázquez ha responsabilizado al Estado de no ejecutar las obras hidráulicas necesarias, todas recogidas en el Plan Hidrológico Nacional y en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación redactado en 2016. Ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica de priorizar "solo o de forma prioritaria" las infraestructuras verdes, calificándolo de "una barbaridad" y de ser "absolutamente insuficientes". El ingeniero también ha criticado como "nefasta" la Ley de la Huerta, que según él archivó un proyecto de adaptación ambiental de la cuenca del Poyo hacia l'Albufera por "teóricas incompatibilidades".
Responsabilidad estatal según el catedrático
Francisco Javier Orduña Moreno, catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, ha aportado una perspectiva jurídica complementaria. Ha afirmado que la seguridad pública «es exclusiva del Estado» y que, según la Ley 17/2015, correspondía al Ministro del Interior declarar la emergencia nacional aquel día. «Ese día se fue el ministro el que tuvo que elevar la emergencia nacional. Y la debieron solicitar la delegada del Gobierno en la Comunitat y la consellera responsable. Porque la situación fue dramática. ¿Cómo no va a intervenir el Estado en esas circunstancias?», ha cuestionado.
El catedrático ha sido rotundo al afirmar: «No hay posibilidad de que tengamos la conciencia de un Estado democrático si se declara incompetente en la defensa de la seguridad pública de los ciudadanos». Ha citado el artículo 149 de la Constitución para argumentar que la competencia es exclusiva del Estado, independientemente de las competencias autonómicas en protección civil que recoge el Estatuto de Autonomía valenciano.
Orduña también ha criticado el funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), señalando que requiere actualización. Ha descrito reuniones con "veintitantas personas" y "dos minutos por intervención", sin medios tecnológicos adecuados y con un reglamento que puede servir para incendios pero no para riadas y terremotos.
División política sobre los testimonios
Las intervenciones han dividido a los grupos parlamentarios. La diputada socialista Mª José Salvador (PSPV) ha criticado el testimonio de Velázquez como un "mitin" y un relato "tan sesgado de la realidad", recordando que «había una alerta roja a las 7.30» y que existía "información permanente" en el Cecopi desde las cinco de la tarde. «La gran pregunta es por qué quien tenía la competencia no tomó la decisión de enviar la alerta hasta las 20.11 horas cuando todo era irreversible», ha señalado, subrayando que las competencias de emergencias «las tiene la Generalitat».
Isaura Navarro, de Compromís, ha coincidido en que el problema «no era si llegaba o no la información, cuando la información estaba en el Cecopi a las cinco y no se envía la alerta hasta las 20.11». Ha atribuido las muertes y la destrucción a «una mala gestión de esa información» por parte de quien tenía que avisar. La diputada Alicia Ándujar ha acusado a Orduña de tener un perfil ideológico, acusación que el catedrático ha rechazado defendiendo su profesionalidad y libertad de cátedra.
José Mª Llanos, de Vox, ha agradecido a Velázquez su intervención "tan relevante", insistiendo en que «no es un relato, son datos». Fernando Pastor, del PP, ha destacado que la información presentada «grave y afecta al Gobierno», recordando que la Generalitat ha «reconocido errores y pedido disculpas y perdón, e incluso ha dimitido el presidente de esa administración autonómica», en contraste con lo que ha calificado de "vergüenza" del Gobierno central por su inacción.
Velázquez ha concluido su intervención urgiendo a «corregir los errores cometidos», recuperar el proyecto archivado de la cuenca del Poyo y ejecutar todas las obras previstas «por emergencia y de forma conjunta». «Esto tendría que estar haciéndose ya, llevamos un año y no se ha iniciado nada», ha lamentado, señalando que cumplir la legislación vigente es «la única salvación de las personas».
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
