La ex primera ministra de Bangladesh Seij Hasina ha sido imputada formalmente este jueves por crímenes contra la humanidad en relación con la muerte de cientos de personas durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2024. Los cargos están vinculados a las manifestaciones que provocaron su salida del poder y su huida al exilio a India, donde se encuentra actualmente.
El Tribunal sobre Crímenes Internacionales ha presentado estos cargos contra Hasina, el exministro del Interior Asudazaman Jan Kamal y el antiguo inspector de la Policía Chouduri Abdulá al Mamun. El tribunal ha fijado el 3 de agosto como fecha para la apertura del caso.
Exjefe policial se declara culpable
El único de los imputados que ha estado presente en la vista ha sido Al Mamun, quien se ha declarado "culpable" de estos cargos. El exinspector de Policía ha afirmado que "declarará posteriormente en favor de la Fiscalía", según ha recogido el diario bangladeshí 'The Daily Star'.
Tanto Hasina como Kamal serán juzgados en rebeldía debido a su negativa a comparecer ante el tribunal. Los cargos han sido anunciados durante la apertura del juicio, apenas un día después de que la cadena británica BBC desvelara unas grabaciones atribuidas a la ex primera ministra.
Grabaciones revelan órdenes violentas
Las grabaciones, fechadas el 18 de julio de 2024, contienen una voz que supuestamente corresponde a la de Hasina en la que autoriza a las fuerzas de seguridad a usar "armas letales" contra los manifestantes. En los audios se escucha decir que "disparen allí donde los encuentren", sin que la ex primera ministra se haya pronunciado por ahora sobre la presunta veracidad de estas grabaciones.
Las protestas se saldaron con alrededor de 1.400 muertos entre julio y agosto de 2024, según datos de Naciones Unidas. Las manifestaciones comenzaron contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos en el funcionariado para familiares de veteranos de guerra.
Condena previa por desacato
Hasina fue condenada el 2 de julio a seis meses de cárcel por desacato, en el marco de los procedimientos abiertos contra ella tras su huida del país. La condena se produjo después de la filtración de una conversación telefónica en la que hablaba de los casos abiertos contra ella y vertiera declaraciones amenazantes contra los denunciantes.
La denuncia contra ella fue presentada en abril por el fiscal jefe del tribunal, Tajul Islam, quien describió la conversación como un intento de intimidar a víctimas y testigos. Las protestas acabaron convirtiéndose en un movimiento a gran escala contra su Gobierno que finalmente provocó su caída del poder.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
