El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo contra la fianza que le impuso el instructor del caso. Según fuentes jurídicas, la medida está relacionada con el proceso judicial por la presunta filtración de información contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP).
La Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, solicita la anulación total de la fianza o, como alternativa, una reducción significativa de la misma. La información fue adelantada por la Cadena SER y posteriormente confirmada por fuentes jurídicas.
Cambios en el importe de la fianza
El magistrado Ángel Hurtado estableció inicialmente una fianza de 150.000 euros para el fiscal general. Sin embargo, posteriormente redujo la cantidad a 75.000 euros tras detectar un error en sus cálculos originales.
Como confirman fuentes del caso, el instructor había incluido erróneamente la posible multa en el primer importe. La doctrina constitucional prohíbe esta práctica porque supondría anticipar una eventual sentencia condenatoria antes del juicio.
Situación patrimonial y recursos
García Ortiz tuvo que aportar parte de su patrimonio para cubrir los 150.000 euros iniciales, ya que no disponía de esa cantidad en efectivo. La reducción de la fianza se produjo justo un día después de que el fiscal general cumpliera con este requerimiento.
Por su parte, González Amador, que ejerce la acusación popular en el caso, había recurrido inicialmente la primera fianza solicitando que se elevara hasta 300.000 euros. No obstante, finalmente desistió de su petición ante la «garantía» que ofrece el patrimonio del fiscal general.
Fuentes utilizadas: "EuroPress" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
