La jueza que instruye la causa penal por la DANA ha solicitado las grabaciones completas de las comparecencias de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat en funciones, en las comisiones de investigación de Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados. El auto judicial, emitido este martes, cuestiona directamente varias afirmaciones que Mazón realizó ante el Congreso, señalando que «no se corresponden con el contenido de la instrucción».
La magistrada ha requerido a ambas cámaras que remitan «a la mayor brevedad» las grabaciones de las dos comparecencias, celebradas los días 11 y 17 de noviembre, para incorporarlas como prueba en el procedimiento que investiga la gestión de las riadas que dejaron 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. La Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, que ejerce la acusación popular, presentó la petición.
Contradicciones señaladas por la jueza
La instructora rebate varios puntos clave del testimonio de Mazón en el Congreso. Primero, aclara que «no es lo mismo llamadas canceladas, el receptor no las admite, que llamadas perdidas». Según el auto, la exconsellera investigada Salomé Pradas realizó llamadas canceladas al presidente «a las 16:29, 19:10 y las 19:36 horas».
La magistrada subraya además que existía información sobre la gravedad de la situación antes de lo que Mazón sostiene. «Ha de reiterarse la existencia de información sobre la gravísima situación, las previsiones meteorológicas, llamadas al 112 [...], avisos de la CHJ o las llamadas al servicio de teleasistencia, de familiares y usuarios que fallecieron», indica el auto.
El momento del conocimiento de los fallecidos
La jueza cuestiona especialmente la versión de Mazón sobre cuándo se tuvo conocimiento de las muertes. Según la instructora, este momento «difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre», tanto por las propias declaraciones públicas del presidente en el Centro de Emergencias, que À Punt retransmitió a las 00:35 horas, como por «elementos anteriores en el tiempo perfectamente documentados».
El auto recuerda que el Centro de Coordinación de Emergencias solicitó la movilización de la UME a las 20:33 horas del 29 de octubre para toda la provincia de Valencia, haciendo constar «[...] de forma expresa que ya existían fallecidos». Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, firmó electrónicamente la petición y la envió a las 20:35 horas.
Además, consta una anotación en el Centro de Coordinación a las 00:31 horas sobre el preaviso a la directora del Instituto de Medicina Legal de Valencia «de la previsión de la activación del protocolo de múltiples víctimas».
Relevancia penal de las comparecencias
La magistrada justifica la admisión de las grabaciones argumentando que las comparecencias parlamentarias «se sujeta[n] a la obligación de decir verdad» y que «el Código Penal tipifica el delito de falso testimonio», lo que les confiere «[...] una relevancia claramente distinta a las manifestaciones que se puedan hacer en sede parlamentaria fuera de una comisión, o mediante declaraciones públicas o por entrevistas».
El auto señala que Mazón «no ha hecho uso de la facultad de declarar voluntariamente como investigado ante este Juzgado, lo que le habría eximido de la obligación de declarar ante una comisión de investigación». La instructora considera las grabaciones como elemento de prueba pertinente, especialmente respecto a las manifestaciones del presidente sobre la toma de decisiones en el Cecopi, que expresó que le es ajeno, o el envío del mensaje Es-Alert a las 20:11 horas.
Querella del PSPV por falso testimonio
Paralelamente, el PSPV-PSOE ha anunciado que presentará una querella contra Mazón por presunto falso testimonio ante la comisión del Congreso. El partido socialista valenciano asegura que Mazón faltó a la verdad en muchas de las afirmaciones que hizo ante la comisión, lo que implica la presunta vulneración del artículo 502 apartado 3 del Código Penal.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó que Mazón «mintió» en su comparecencia y lo calificó como «la indignidad hecha persona». López añadió que su grupo esperará a la conclusión de la comisión de investigación antes de decidir si presenta también acciones legales.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
