El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a la inmobiliaria Alquiler Seguro con una multa de 3,6 millones de euros por vulnerar de forma prolongada los derechos de los consumidores. Se trata de la primera multa millonaria que impone el ministerio a una empresa del sector inmobiliario. La resolución obliga a la agencia a rectificar de inmediato las irregularidades detectadas, eliminando seis cláusulas abusivas de sus contratos y dejando de exigir un estudio de solvencia a los inquilinos.
La Secretaría General de Consumo identificó seis infracciones muy graves y una grave. Entre las prácticas sancionadas figura la obligación de contratar un seguro del hogar, responsabilizar a los inquilinos de posibles reclamaciones judiciales e impagos, forzar contratos no solicitados de Servicio de Atención al Inquilino e incluir cláusulas que autorizan la inclusión en ficheros de morosos. El ministerio también consideró infracción grave la exigencia de un estudio de solvencia al arrendatario.
Alcance del caso
Alquiler Seguro gestiona más de 97.000 inquilinos y ha formalizado más de 76.000 contratos. El ministerio concluyó que la empresa aprovechó su posición dominante en el mercado para infringir sistemáticamente los derechos de los consumidores durante un periodo prolongado.
La investigación se abrió en marzo tras una denuncia presentada en noviembre de 2023 por la organización de consumidores FACUA. Posteriormente se sumaron al proceso la OCU y el Sindicato de Inquilinos.
Reacciones y recursos
Alquiler Seguro presentó 13 alegaciones negando «todos los hechos declarados probados contenidos en la propuesta de resolución que no sean expresamente reconocidos en las alegaciones». Sin embargo, el ministerio desestimó todos los argumentos. En la resolución, Consumo defendió que «han detallado la amplia relación fáctica considerada respecto de cada infracción. No se trata de conjeturas, sino hechos declarados probados».
La empresa dispone de un mes para presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien tiene un máximo de tres meses para resolver el recurso.
Contexto del mercado
El ministro Pablo Bustinduy había advertido anteriormente que su departamento no podía permitir que «ninguna empresa esté por encima de la ley». Sobre el mercado del alquiler, el ministro afirmó: «En el mercado del alquiler se ha impuesto la ley de la selva y se están produciendo abusos. Se está dando una situación de indefensión de los consumidores, que violenta el derecho a una vivienda digna».
El expediente sancionador fue firmado por Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego. El ministerio declinó hacer comentarios a la Cadena SER sobre el expediente.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
