El Gobierno español ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, una decisión que ha generado reacciones encontradas en el panorama político. Peramato, con 35 años de carrera y actual jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, destaca por su amplia experiencia en la lucha contra la violencia de género. El anuncio llega después de que Álvaro García Ortiz presentara su dimisión tras una sentencia del Supremo, aunque el Gobierno no ha aceptado su renuncia y mantendrá a García Ortiz en el cargo hasta que Peramato asuma oficialmente.
La propuesta ha complicado la estrategia de ataque del Partido Popular, que había anticipado una dura crítica. El vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, reconoció: «Por lo que conozco a la señora Peramato es por su experiencia defendiendo a las mujeres víctimas de violencia machista y, a ese respecto, su papel ha sido ejemplar». Sin embargo, el partido mantiene su postura crítica calificando el nombramiento como "continuista" y cuestionando la independencia de la candidata respecto al Ejecutivo.
División política en las reacciones
El secretario general del PP, Miguel Tellado, expresó "cautela" ante la propuesta y señaló que la clave no es quién ocupa el cargo, sino las intenciones del Gobierno. «Lo importante no es a quién nombran, sino el que lo nombra», afirmó Tellado, quien cuestionó si el presidente Pedro Sánchez ha aprendido la lección tras la sentencia condenatoria del Supremo.
Los socios de Gobierno respondieron de forma opuesta. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, dio la bienvenida al nombramiento destacando que Peramato, «además de ser una fiscal de probada solvencia, está comprometida con el feminismo y con la igualdad». Más Madrid calificó la propuesta como "idónea", valorando sus más de tres décadas de experiencia en defensa de los derechos de las mujeres.
Protocolo roto en Moncloa
En un giro inesperado, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz rompió el protocolo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al criticar públicamente al Tribunal Supremo y llamar a manifestaciones. Sus declaraciones sorprendieron a la parte socialista del Gobierno, que había planificado que el día se centrara en el nombramiento de Peramato como un gesto de distensión con el poder judicial.
Díaz afirmó que «la democracia se defiende desde muchos lugares» y calificó como una "anomalía" que el Supremo no haya publicado aún la sentencia completa. Sus palabras contradijeron frontalmente la estrategia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien había pedido "confianza" en las instituciones y evitado críticas directas al tribunal.
Llamado a argumentos jurídicos
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, marcó distancias con la caracterización del Gobierno sobre la sentencia del fiscal general como un "golpe blando". García-Page subrayó que «a las decisiones de los jueces hay que contestarlas con argumentos jurídicos, no políticos», enfatizando la necesidad de respetar la separación entre lo judicial y lo político.
Transición en la Fiscalía
El Gobierno mantiene a García Ortiz en funciones hasta completar el proceso de nombramiento de Peramato, que incluye la solicitud de un dictamen no vinculante al Consejo General del Poder Judicial y la evaluación en la Comisión de Justicia del Congreso. Fuentes gubernamentales aseguran que habrá tiempo suficiente para concluir este proceso antes de que la sentencia del Supremo sea ejecutiva, ya que su firmeza "suele llevar unas semanas más".
En paralelo, el Tribunal Supremo avaló el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, rechazando el recurso de la Asociación de Fiscales. El tribunal advirtió que Delgado «no podrá actuar en los casos en los que su cónyuge haya tenido cualquier tipo de intervención profesional», subrayando la necesidad de garantizar mecanismos de abstención para preservar la imparcialidad.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
