El Congreso de Perú ha ratificado este miércoles una controvertida ley de amnistía que beneficia a policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). La medida ha sido aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente con 16 votos a favor y 11 en contra.
La iniciativa, impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, permite la amnistía para miembros del Ejército, la Policía y comités de autodefensa con procesos abiertos por presuntos crímenes como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. También se beneficiarán aquellos integrantes de estos grupos mayores de 70 años que tengan sentencias firmes por crímenes contra los Derechos Humanos.
Exclusiones de la amnistía
La ley excluye expresamente a quienes estén procesados por delitos de terrorismo o corrupción cometidos durante las dos décadas de conflicto. Este periodo estuvo marcado por numerosos atentados, golpes de Estado, acciones armadas y violencias generalizadas contra las libertades por todas las partes involucradas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú ha expresado su rotundo rechazo a la medida a través de un comunicado en la red social X. El organismo advierte que esta norma "borra décadas de lucha por la justicia y la verdad".
Riesgo para cientos de procesos
Según la Coordinadora, más de 156 condenas y 600 procesos por "graves" violaciones de Derechos Humanos están en riesgo de quedar archivados. Estos casos incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, lo que "constituiría un grave retroceso".
"Esta ley viola sentencias internacionales y protege a violadores de Derechos Humanos, no a la democracia", ha denunciado el organismo. La Coordinadora considera que la medida "constituye un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, al consolidar un marco normativo orientado a perpetuar la impunidad".
Llamamiento a la movilización
La organización de Derechos Humanos ha aprovechado para denunciar el "creciente debilitamiento institucional, marcado por intentos de copamiento del sistema de justicia, ataques al Ministerio Público y decisiones impulsadas desde el Congreso con la complacencia del Poder Ejecutivo". Ante esta situación, ha hecho un llamamiento "urgente" a la movilización ciudadana para mostrar oposición a la ley.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.