Donald Trump anunció durante la séptima reunión de su Gabinete que su Gobierno pedirá la pena de muerte para todo aquel que cometa un asesinato en Washington. El presidente republicano presenta esta medida como parte de su estrategia para acabar con el crimen en la capital estadounidense.
«Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte», declaró Trump. El mandatario calificó la medida como «una medida de prevención muy fuerte» y aseguró que toda su Administración está de acuerdo con la propuesta.
«No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción», añadió Trump, reconociendo la naturaleza controversial de su propuesta. El presidente insistió en que «si alguien mata a alguien va a ser pena de muerte».
Control federal de seguridad
Trump tomó el control de la seguridad de Washington el pasado 11 de agosto por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando una «emergencia» por la alta criminalidad. Esta decisión representa una intervención federal sin precedentes en la capital.
Además de los 800 miembros de la Guardia de Washington activados, seis estados gobernados por republicanos han decidido enviar más efectivos. El número total asciende a unos 2.000 efectivos solo de la Guardia Nacional, que patrullan junto a la Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Arrestos y resultados
La fiscal general Pam Bondi reportó que ya se han arrestado 1.094 personas en Washington y se han requisado 115 armas ilegales desde el inicio de la operación. Estas cifras reflejan la intensidad del operativo desplegado en la capital.
Según El Español, la pena de muerte fue abolida en Washington en 1981, lo que convierte la propuesta de Trump en un intento de reversión tras 44 años. Esta medida busca restaurar el castigo capital en una jurisdicción que lo eliminó hace más de cuatro décadas.
Jurisdicción legal
Como informa El Español, la jurisdicción federal aún permite la pena de muerte en Washington a pesar de la abolición local, creando una vía legal para el plan de Trump. Esta distinción entre jurisdicción federal y local resulta clave para la implementación de la medida.
Según ABC, la población nacional en el corredor de la muerte asciende a 2.100 personas, con tasas de ejecución que han disminuido de 100 anuales en los años 90 a menos de 30 recientemente. Activistas y organizaciones han denunciado que las agencias federales están aprovechando esta supuesta guerra contra el crimen para detener a migrantes indocumentados.
Los críticos señalan que el nivel de delitos en Washington, pese a ser alto, está en su punto más bajo de los últimos 30 años. Esta contradicción entre la percepción de «criminalidad desbocada» de Trump y los datos reales subraya la naturaleza política de la medida.
Fuentes utilizadas: "EFE", "El Español", "ABC", "La Razón", "20 Minutos", "El Confidencial"
Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
