El Tribunal Supremo ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y de su ex asesor Koldo García. El magistrado instructor Leopoldo Puente justificó la decisión por el riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio y las elevadas penas solicitadas, que alcanzan hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez en la historia reciente de España que un diputado en ejercicio entra en prisión.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares habían solicitado durante la vista de este jueves la prisión para ambos acusados en el denominado "caso Koldo", que investiga presuntos amaños en contratos de material sanitario durante la pandemia de Covid-19. Ábalos y García fueron trasladados a la prisión madrileña de Soto del Real tras la audiencia.
Las penas solicitadas y los cargos
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, además de una multa de aproximadamente 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, coordinadas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para ambos.
Los cargos incluyen pertenencia a organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, subrayó durante la vista que «ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal».
Las declaraciones en el Tribunal Supremo
Ábalos intentó evitar su ingreso en prisión alegando que «no tengo dinero ni a dónde ir». Su abogado argumentó que el encarcelamiento vulneraría el derecho de participación política de sus votantes. Fuentes consultadas describieron al ex ministro como «destrozado».
Koldo García, por su parte, afirmó: «No me voy a ir a ningún sitio». El ex asesor argumentó sus fuertes vínculos familiares —una madre anciana y una hija pequeña— como garantía de permanencia. También declaró que «todos tenemos derecho a aprender poco a poco», frase que los asistentes interpretaron como un reconocimiento tácito de error.
Del caso a la prisión
El 3 de noviembre, el juez Leopoldo Puente cerró la instrucción de la pieza de las mascarillas y propuso el juicio para Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Hasta ese momento, ambos acusados solo tenían que comparecer quincenalmente ante el juez y se les había retirado el pasaporte.
La investigación se centra en el presunto cobro de comisiones por la adjudicación irregular de contratos de material sanitario durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión. El juez consideró que existen «numerosos indicios racionales de criminalidad» y que las elevadas condenas solicitadas incrementan el riesgo de fuga hasta volverlo «extremo».
Consecuencias para el Congreso
El ingreso en prisión de Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto tras su expulsión del PSOE, abre un nuevo escenario parlamentario. La Presidencia del Congreso ha solicitado la certificación de la medida al Tribunal Supremo para iniciar el procedimiento de suspensión.
La Mesa del Congreso deberá acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de Ábalos conforme al artículo 21 del Reglamento del Congreso. Esto supondrá la pérdida de su capacidad de voto, su participación parlamentaria y su salario como diputado, de unos 6.000 euros mensuales, aunque conservará el escaño.
Reacciones políticas
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció «el bloqueo absoluto del Gobierno» tras el rechazo en el Congreso de la senda de déficit, acontecimiento que coincidió con la vista judicial. Feijóo calificó la jornada judicial como «sin precedentes en los 50 años de democracia española».
Santiago Abascal, líder de Vox, recomendó que Ábalos y Koldo entraran en un programa de protección de testigos, alegando desconocer «de lo que es capaz la mafia de Sánchez». El líder de Vox acusó al presidente del Gobierno de mantener el poder mediante «escuadristas de Bildu» y los «peones que ha colocado en RTVE».
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
