Antonio Muñoz Cano, cuñado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, trabajó como albañil para la empresa Servinabar entre 2019 y 2022, cobrando un total de 61.669 euros.
La empresa está en el centro de las investigaciones del 'caso Koldo' por presuntos amaños de obra pública.
Fuentes de la defensa del exdirigente socialista han confirmado que Muñoz Cano, hermano de la mujer de Cerdán, es albañil de profesión y trabajó en Servinabar durante dos períodos distintos. Los pagos se distribuyeron de la siguiente manera: 3.363,36 euros en 2019, 16.255 euros en 2020, 21.233 euros en 2021 y 20.818 euros en 2022.
Hermana de Cerdán también trabajó
Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán, también trabajó para Servinabar del 1 de enero al 30 de junio de 2020 como administrativa, cobrando 2.000 euros netos mensuales. Posteriormente pasó a trabajar en la asesoría responsable de las cuentas de la empresa por el mismo salario y con las mismas funciones.
El total percibido por Belén Cerdán ascendió a 22.200,84 euros, según la documentación de la Hacienda Foral de Navarra a la que ha tenido acceso Europa Press. Esta información ya está en disposición del magistrado instructor Leopoldo Puente.
Investigación del Tribunal Supremo
El instructor solicitó específicamente la información tributaria de Santos Cerdán, de Servinabar 2000 y de Joseba Antxón Alonso, administrador de la empresa y vinculado con el exsocialista. Según reveló el propio Alonso en su declaración como investigado el pasado 7 de julio, ambos llegaron a compartir piso en Madrid.
En uno de los audios que constan en el sumario, el exasesor ministerial Koldo García se quejaba de que Alonso y Cerdán estaban en Madrid "de fiesta en fiesta gastándose la pasta". La Guardia Civil localizó en un registro un contrato privado donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de Servinabar.
Empresa creada para lucrarse
La Fiscalía Anticorrupción señala a Servinabar como "una sociedad creada 'ad hoc' para lucrarse" con la obra de Mina Muga y "otras venideras" en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona. La empresa se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros sin que conste "ninguna contribución precisa a ellas".
En su declaración en el Supremo, Alonso desligó a Cerdán del contrato de participaciones, asegurando que fue un borrador elaborado en 2015 cuando Cerdán se planteó dejar la política por los malos resultados del PSOE en Navarra. Según sostuvo, ese documento nunca llegó a tener validez porque el socialista decidió continuar en política.
Obras con Acciona investigadas
Entre la documentación remitida al instructor figura el índice de actividad notarial de Servinabar, donde se detalla que Alonso actuó como representante único en las operaciones de constitución de UTE con Acciona. Entre las obras adjudicadas figuran la adecuación del Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, los túneles de Belate y viviendas de protección oficial en Egües.
Alonso defendió que decidió acudir en UTE a petición de la propia Acciona, asegurando que esa fórmula de combinar una compañía grande con una local es muy utilizada. El empresario defendió la legalidad de las obras, afirmando que todas han sido auditadas.
Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra, explicó que el 'modus operandi' era aliarse con empresas locales porque era "condición necesaria" para que compañías nacionales consiguieran obras en País Vasco y Navarra. Merino declaró el mismo día que Alonso en el Supremo, donde negó haber pagado mordidas por obra pública.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
