La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) alertó a Adif sobre defectos en una vía de Cáceres tras un descarrilamiento en noviembre de 2023. Un año después, otro tren descarriló en el mismo lugar exacto por la misma causa: defectos en la vía que Adif no corrigió adecuadamente. Ninguno de los dos incidentes dejó heridos, pero el caso evidencia graves fallos en la gestión de riesgos ferroviarios.
El informe de la CIAF, publicado en septiembre de 2025 con cifras de 2024, constata que «[...] el descarrilamiento se ha producido en el mismo lugar que otro anterior, sucedido el 1 de noviembre de 2023, y que en ambos casos se constatan defectos en la vía ya que los valores de los parámetros de la vía estaban fuera de tolerancia». Tras el segundo incidente, el Pleno de la CIAF exigió a Adif «efectuar la reparación de los defectos en la vía, de manera que se elimine el riesgo de descarrilamiento por esta causa, y en cualquier caso, la adopción de medidas de gestión que eviten o mitiguen el riesgo».
Retrasos sistemáticos en las investigaciones
El informe revela problemas más amplios en el sector ferroviario. La CIAF denuncia que las investigaciones sufren retrasos porque Adif y las empresas ferroviarias responden tarde a las peticiones de documentación y entrevistas que la CIAF solicita. En el caso de un descarrilamiento del Alvia Madrid-Chamartín a Gijón-Sanz Crespo del 3 de mayo de 2021, la investigación experimentó «un importante retraso por motivos ajenos a la CIAF».
La comisión señala específicamente la falta de cooperación de Adif y empresas ferroviarias. En el caso del Alvia, los responsables de las empresas Sevimfe y Alstom no autorizaron poder entrevistar a las personas que participaron directamente en las actuaciones llevadas a cabo en el escape D4-D2. El informe indica dificultades generales «en la obtención de la información solicitada tanto a ADIF como a las empresas que han intervenido en los diferentes contratos».
Contexto de la tragedia de Adamuz
Estos hallazgos cobran especial relevancia mientras la CIAF investiga la tragedia de Adamuz, que se cobró 45 vidas. La comisión trabaja con la «hipótesis de trabajo» de que una vía fracturada causó el accidente. La investigación judicial, comandada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, incluye un informe de la Guardia Civil con 2.500 fotografías de pruebas, datos de las cajas negras y declaraciones del maquinista del Iryo, la tripulación y los pasajeros.
En 2024, la CIAF notificó 22 accidentes de descarrilamiento, ninguno con víctimas. De ellos, seleccionó uno para investigación formal y abrió otra investigación para un descarrilamiento de finales de 2023.
Respuesta de la agencia de seguridad
La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) comunicó el 17 de diciembre de 2024 medidas que implementó tras una recomendación de la CIAF sobre definir un ciclo de vida útil para componentes de vía. La CIAF había solicitado «estudiar desde el punto de vista técnico-científico la conveniencia de definir un ciclo de vida útil para los distintos elementos que componen los aparatos de vía» y «[...] considerar en su caso la experiencia de otros países al respecto».
La AESF desarrolló un modelo simplificado que, «[...] a partir de unos datos de partida sencillos y fáciles de obtener (datos de carga, del vehículo y del desvío), [...]» obtiene valores de los parámetros que causan el deterioro progresivo del desvío. La herramienta permite «[...] estimar en función de éstos, el tiempo restante para la próxima actuación/reparación de las patologías más comunes» de los desvíos.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
