El Congreso de los Diputados debate mañana la toma en consideración de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. La votación del jueves determinará si el proyecto legislativo continúa su tramitación parlamentaria o se devuelve al Gobierno, como solicitan Junts per Catalunya y el PNV con sendas enmiendas de devolución.
El resultado de la votación es crucial. Si se rechazan las enmiendas de devolución, el proyecto seguirá adelante en el Parlamento. La reforma busca establecer la accesibilidad universal como derecho, agilizar trámites administrativos y ampliar el catálogo de servicios y prestaciones.
La propuesta legislativa suprime el régimen de incompatibilidades en prestaciones introducido en 2012. También elimina el periodo máximo de dos años de suspensión de prestaciones económicas para cuidados familiares. El proyecto permite además que las personas con discapacidad combinen el acceso al empleo con servicios y prestaciones.
Bustinduy apela al consenso
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expresó el jueves pasado su deseo de lograr un «amplio consenso» parlamentario. Declaró a los medios: «Se aproxima un día muy importante. El próximo día 11, el jueves de la semana que viene, en el Congreso de los Diputados se votará el inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.»
Bustinduy subrayó que estas reformas son «del país en su conjunto» y cuentan con un «amplísimo consenso social» de las organizaciones del sector. El ministro se comprometió «con total determinación» a impulsar «una mejora sustantiva de la financiación del sistema de la dependencia» junto con la aprobación de estas reformas.
Transformación del modelo de cuidados
El Ministerio de Derechos Sociales señala que la reforma busca «avanzar en la transformación del modelo de cuidados» y «dejar atrás el modelo asistencialista». El objetivo es adaptarse mejor a las preferencias y necesidades individuales de las personas.
La asociación Plena Inclusión valoró positivamente la compatibilidad entre empleo y prestaciones. En España, 8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual no tienen un empleo remunerado. El Gobierno ya inyectó 500 millones de euros extraordinarios al sistema de dependencia mediante un Real Decreto Ley anterior.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
