El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, hasta ahora fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelar secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La sentencia, publicada este martes, concluye que García Ortiz, o alguien de su entorno con su conocimiento, filtró a la prensa un email del abogado de González Amador en el que este admitía dos delitos fiscales. El Supremo condena por primera vez en democracia a un fiscal general del Estado.
La condena incluye además una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros de indemnización a González Amador. El fallo se basa en un «cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente», según indica la resolución de 184 páginas. El Supremo considera probado que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que García Ortiz tuvo «una participación directa para hacer llegar» la información a los medios.
Los hechos probados
El Tribunal fundamenta su decisión en varios indicios que analiza de forma detallada. García Ortiz solicitó con urgencia en la noche del 13 de marzo de 2024 los emails del caso González Amador. La premura fue tal que obligaron al fiscal Julián Salto a salir de un partido de fútbol para remitir inmediatamente la documentación, «porque el fiscal general no podía esperar», según declaró Salto.
El Supremo destaca también una llamada de cuatro segundos entre el periodista Miguel Ángel Campos y García Ortiz a las 21:38 horas del 13 de marzo. Los magistrados señalan que esta fue la única llamada en el periodo investigado con esa duración, lo que sugiere «una comunicación personal indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas». Poco después, a las 23:51 horas, Campos publicó el contenido literal del email de febrero.
Otro elemento clave es que García Ortiz borró su móvil el 16 de octubre de 2024, «tan solo un día después» de que se abriera el caso contra él. El Tribunal interpreta esta acción como «la estratégica destrucción de toda la información» para comprometer su tesis exoneratoria y ocultar «datos incriminatorios».
Reacciones políticas: críticas y exigencias
El Gobierno ha acatado la sentencia —ya relevó a García Ortiz y nombró a Teresa Peramato como nueva fiscal general— pero critica duramente sus argumentos. El ministro Óscar López declaró en Televisión Española (TVE): «He visto muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal [el autor de la filtración], pero que no puede ser otro».
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) emitió un comunicado expresando que «acatamos el sentido del fallo, pero no lo compartimos». El partido socialista critica además el retraso de más de dos semanas en la publicación de la sentencia completa, que «lo que ha contribuido a la incertidumbre».
Desde el Partido Popular exigen la dimisión del «Gobierno en pleno». El secretario general del PP, Miguel Tellado, calificó en X la sentencia de «histórica» y señaló que el fiscal general «actuaba bajo el amparo y a las órdenes del presidente del Gobierno». La diputada popular Ester Muñoz afirmó: «Es el primer fiscal general del Estado al que podemos llamar delincuente».
Los votos particulares
Dos magistradas del Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron sendos votos particulares discrepantes. Ambas argumentan que «no ha quedado acreditado que el fiscal general del Estado sea el autor de la filtración del correo» y denuncian que la sentencia mayoritaria «no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios» tiene lugar esa llamada "intervención directa" de García Ortiz.
Las magistradas consideran que «cualquier persona pudo filtrar a la prensa el correo del día 2 de marzo de 2024», ya que el abogado envió este a una cuenta genérica a la que tenían acceso 12 fiscales y cuatro funcionarios. Según Ferrer y Polo, las conclusiones del tribunal mayoritario «implican una vulneración del derecho a la presunción de inocencia».
Ambas magistradas defienden además que la nota informativa emitida por la Fiscalía no constituye delito, pues distintos medios ya habían revelado toda la información que contiene la misma.
Consecuencias para González Amador
A pesar de la condena al fiscal general, el Supremo ha rechazado la petición de Alberto González Amador de anular las dos causas abiertas en su contra por fraude fiscal y delitos societarios. Los magistrados afirman que «hay que presumir que [los jueces] serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido».
El Tribunal ordena a García Ortiz indemnizar a González Amador con 10.000 euros por los perjuicios causados, reconociendo que se atribuye «alguna cuota en esos perjuicios» a esa desafortunada difusión del "email". Sin embargo, insiste en que los jueces que lleven los casos de González Amador actuarán con profesionalidad y «saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio».
Próximos pasos
Álvaro García Ortiz anunció que pedirá «cuanto antes» la nulidad de la sentencia como paso previo para recurrir al Tribunal Constitucional. Su defensa invocará los votos particulares de las magistradas Ferrer y Polo, que consideran que la condena vulnera el derecho a la presunción de inocencia.
La sentencia no es firme hasta que se resuelva este trámite de nulidad, aunque García Ortiz ya ha cesado en sus funciones como fiscal general del Estado. El caso marca un hito judicial sin precedentes en la democracia española.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
